Las personas que trabajan como empleado/a del hogar fueron durante la pandemia uno de los trabajadores que menos protección tuvieron debido a sus condiciones laborales. Pero sobre todo a su sistema de cotización.
Una situación que desde el Gobierno se quiere revertir. Durante el pasado año, la Seguridad Social envió más de 40.000 cartas a las personas que tuviesen contratadas a trabajadores del hogar, advirtiéndoles de que debían regularizar sus salarios.
No obstante, aunque sus salarios se hayan actualizado con las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional, este colectivo sigue en desventaja con el resto de trabajadores. Sobre todo en lo que a protección por desempleo se refiera, ya que no cotizan por la prestación por desempleo.
Esto se debe a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla un régimen especial de cotización para el colectivo que no les permite acceder al paro una vez pierden su empleo. Aunque hay una excepción tal y como indica el SEPE.
Derecho a paro de las empleadas del Hogar
Aunque por el Sistema Especial para empleados de Hogar no se cotice para la prestación por desempleo. Tal y como indica el SEPE en su web, una empleada del hogar tendrá derecho a una prestación por desempleo si en los seis años anteriores a su alta en la Seguridad Social como empleada de hogar cotizó al menos 360 días en el Régimen General o en otro Régimen de Seguridad Social con cotización por desempleo.
Claro esta, esta baja nunca podrá ser voluntaria. Las prestaciones por desempleo tienen como objetivo proteger a los trabajadores que de forma involuntaria pierden su empleo.
Que no coticen para el paro, no quiere decir que no coticen para otras prestaciones, como por ejemplo por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral.
El Gobierno quiere mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar
La pandemia sacó a la luz las condiciones laborales que sufre este colectivo. En España hay más de 400.000 personas que trabajan como empleados del hogar, siendo la mayoría mujeres. Además, se estima que el doble de personas ejercen esta profesión, pero lo hacen de manera irregular, es decir sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
Una situación que el Gobierno quiere remediar con más Inspecciones de Trabajo y elevando las sanciones.