Choque directo entre Europa y el Gobierno por el futuro de los interinos. Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que plantea la fijeza como posible solución al abuso de temporalidad, el Ejecutivo ha salido a frenar esa opción.
El Gobierno deja claro que no habrá conversión automática en fijos, lo que afecta a miles de empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales.
Europa abre la puerta… y el Gobierno la cierra
La sentencia europea, en la que se concluye que España no sanciona correctamente el abuso de interinos y se plantea la fijeza como posible solución eficaz, marca un antes y un después en este conflicto al cuestionar todo el modelo actual de contratación pública.
Sin embargo, el Gobierno se agarra a un matiz del fallo y subraya que Europa no obliga a convertir en indefinidos a los trabajadores temporales. En realidad lo que dice Europa es que si no hay otra medida eficaz para frenar el abuso en la contratación pública, la fijeza podría ser la única solución válida.
Por eso mismo, el Gobierno buscará otra medida eficaz antes que la conversión a fijos, y muy posiblemente sea la de una indemnización superior a la actual.
El Tribunal Supremo ya dijo que convertir a los interinos en fijos violaría los principios constitucionales de acceso mediante mérito, capacidad e igualdad. Es más hasta el Tribunal Constitucional no quiso saber nada del tema y se ‘lavó las manos’ al no admitir a trámite para valorar si la normativa europea, que exige convertir en trabajadores fijos a aquellos interinos que han encadenado contratos temporales de forma abusiva, colisionaría con lo establecido por la Constitución Española.
El Gobierno defiende su estrategia
Frente a esto, el Ejecutivo asegura que ya está actuando. Defiende que la temporalidad ha bajado del 39% al 32,7% en los últimos años. También destaca que se han estabilizado más de 419.000 plazas públicas, superando los objetivos marcados.
Sin embargo, estos datos no cambian la realidad de miles de interinos que llevan años ocupando el puesto sin plaza fija. Según los sindicatos, al menos 125.000 trabajadores públicos siguen en situación de abuso de temporalidad.
Muchos de ellos llevan años, incluso décadas, encadenando contratos sin estabilidad, especialmente en sectores como sanidad y educación.
Además, el 23% de las plazas aún no se han cubierto ni convocado, lo que agrava el problema.
El futuro pasa por los tribunales
Con el Gobierno descartando la fijeza, el foco se traslada ahora a la justicia. Será el Tribunal Supremo quien tenga que decidir cómo aplicar la sentencia europea.
Esto puede abrir la puerta a nuevas demandas y posibles sentencias que sí reconozcan la fijeza en casos concretos.