Las pensiones seguirán siendo sostenibles pese a la inminente oleada de jubilaciones de trabajadores de la generación del baby boom. Ese es el mensaje que ha trasladado este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia en el Congreso para presentar las previsiones oficiales sobre el gasto en pensiones para las próximas décadas.
Según los cálculos del Gobierno, el gasto medio en pensiones se situará en el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2022 y 2050, una cifra que el Ejecutivo considera asumible y compatible con el mantenimiento del sistema sin necesidad de aplicar nuevas medidas de ajuste.
La intervención de la ministra llega en un momento clave para el futuro de la Seguridad Social. Durante los próximos años comenzará a intensificarse la jubilación de la generación del baby boom, uno de los mayores desafíos demográficos a los que se enfrenta España y que según el informe elaborado por CEU Cefas supondra un gran impacto en las arcas públicas, llegando incluso a plantear retrasar más aún la edad de jubilación.
Sin embargo, Saiz defendió que la reforma de las pensiones aprobada en los últimos años está dando resultados y que las previsiones actuales permiten afrontar ese escenario con garantías.
El gasto alcanzará su máximo con la jubilación de los baby boomers
Las proyecciones elaboradas por la Seguridad Social apuntan a que el gasto seguirá aumentando durante las próximas décadas hasta alcanzar su punto más alto alrededor del año 2050.
En ese momento, el desembolso destinado al pago de las pensiones representará aproximadamente el 15,3% del PIB, impulsado principalmente por la llegada a la jubilación de millones de trabajadores nacidos durante el baby boom.
A partir de entonces, el peso del gasto comenzará a moderarse de forma progresiva hasta situarse en torno al 14,2% del PIB en 2070.
La ministra destacó además que estas previsiones son inferiores a las realizadas por otros organismos. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa el gasto medio en pensiones en el 14,6% del PIB para el mismo periodo.
El Gobierno descarta nuevos ajustes en el sistema
Uno de los mensajes más contundentes de la comparecencia fue la defensa de la actual reforma de las pensiones.
Saiz recordó que la última evaluación de la AIReF sitúa el gasto neto medio en el 13% del PIB hasta 2050, por debajo del límite del 13,3% contemplado en la cláusula de cierre de la reforma. Para el Ejecutivo, ese dato confirma que no será necesario activar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
La ministra reivindicó además algunas de las medidas adoptadas durante los últimos años, entre ellas la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el incremento de ingresos a través de nuevas cotizaciones, como por ejemplo el MEI y la cotización solidaria para sueldos que superan la base máxima.
Más empleo y más ingresos para sostener las pensiones
El Gobierno también vincula la sostenibilidad futura del sistema a la evolución del empleo. Durante su intervención, Saiz destacó que España ha superado los 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord que mejora la relación entre trabajadores cotizantes y pensionistas. Es más los últimos datos publicados correspondientes al mes de abril, la Seguridad Social logró un superávit de 4.046 millones de euros.
La ministra puso además el foco en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cotización adicional creada para reforzar la conocida como hucha de las pensiones.
Según los datos facilitados por el Ministerio, este instrumento habrá recaudado 10.976 millones de euros hasta finales de 2025. La previsión es que durante 2026 aporte otros 5.298 millones de euros. A esa cantidad se sumará la denominada cuota de solidaridad, aplicada a la parte de los salarios que supera la base máxima de cotización y que este año generará 567 millones de euros.
Con estos ingresos adicionales y el aumento de la afiliación, el Ejecutivo considera que el sistema dispone de herramientas suficientes para afrontar el incremento del gasto derivado del envejecimiento de la población durante las próximas décadas.