Este jueves el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la Ley de Empleo. Esta nueva ley pretende mejorar las políticas activas de empleo, incorporando cinco enmiendas introducidas por el Senado.
El Congreso ha admitido, sin ningún voto en contra, las enmiendas introducidas en el Senado, a propuesta de Teruel Existe y JxCAT, para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y la formación de los empleados públicos a este respecto, así como para dar mayor relevancia a las entidades de la economía social.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha mostrado satisfecha con la aprobación definitiva de la Ley de Empleo que mejorará la formación, la orientación y el acompañamiento personalizado para abrir paso a nuevas oportunidades de trabajo.
Además, la ley establece que la Inspección de Trabajo deberá realizar un informe para validar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), así como una enmienda para asegurar la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional (SMI)
Una gran noticia: se aprueba definitivamente en el Congreso la #LeyDeEmpleo, una medida que transformará las políticas activas de empleo.
Esta Ley mejorará la formación, la orientación y el acompañamiento personalizado para abrir paso a nuevas oportunidades de trabajo. pic.twitter.com/qEusPHZ20n
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 16, 2023
Creación de la Agencia Española del Empleo
Más bien habrá una transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que será modernizado y digitalizado para ganar en rapidez y agilidad. Pero no solo quieren que el SEPE sea un organismo para gestionar prestaciones por desempleo.
La nueva agencia Española del Empleo, ayudará a los desempleados en la búsqueda de empleo, elaborando un perfil individualizado de la persona, con un expediente laboral personalizado único, atención continuada y un tutor que guiará este itinerario personalizado.
También se ofrecerá asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento con auditorias de viabilidad.
Se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen, personas con capacidad intelectual límite, con trastornos del espectro autista, LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, mayores de 45 años, migrantes, beneficiarias y solicitantes de protección internacional, personas gitanas, o de otras minorías étnicas, trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.
También obligará a las empresas usarías de los servicios públicos a que comuniquen todas sus vacantes disponibles.