Durante más de dos décadas, un abogado de Puente Genil llamado Luis Pedro operó un entramado de empresas presuntamente insolventes que servían como fachada para un sofisticado fraude contra la Seguridad Social. Aunque mantenía a decenas de trabajadores dados de alta, jamás pagó las cotizaciones correspondientes. Pero eso solo era el principio.
El verdadero escándalo comenzó cuando se descubrió que paralelamente creó contratos falsos con conocidos, entre ellos, Juan María, Carlota, Cecilia y Vicente (fallecido) para que pudieran cobrar prestaciones por desempleo, jubilación y maternidad sin trabajar un solo día.
Contratos falsos y nóminas inventadas
Luis Pedro, que ejercía como abogado, usaba su propio despacho como escenario de las falsas relaciones laborales. Él mismo confeccionaba contratos de obra y nóminas simuladas con el objetivo de justificar las altas en la Seguridad Social. El objetivo estaba claro, que estas personas que figuraban como contratadas pudieran acceder a prestaciones tanto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como de la Seguridad Social.
Además, las nóminas incluían gratificaciones inventadas para inflar la base de cotización, logrando así prestaciones más elevadas. Las cantidades cobradas por los implicados superaron los 74.000 euros, mientras que la deuda por cotizaciones impagadas de las empresas de Luis Pedro ascendía a 84.635 euros, sin contar intereses.
Más de 150.000 euros en dinero público defraudado
Estas son las cifras clave del fraude:
- Luis Pedro: adeudaba 84.635 € en cotizaciones impagadas.
- Juan María: cobró 10.465 € en subsidios y 35.495 € en pensión de jubilación.
- Cecilia: obtuvo 4.840 € en prestaciones, que devolvió.
- Carlota: cobró 9.792 € de desempleo; aún debe 7.236 €.
- Vicente: recibió 13.433 € en subsidios por desempleo.
Las autoridades judiciales confirmaron que ninguna de estas personas desarrolló actividad real alguna en las empresas de Luis Pedro.
La Inspección de Trabajo detectó el fraude
La Inspección de Trabajo fue quien dio la voz de alarma al detectar irregularidades en las empresas de Luis Pedro. Pronto se evidenció que las sociedades acumulaban deudas, nunca abonaban cotizaciones, pero seguían operativas. Las denuncias derivaron en una investigación judicial iniciada en Puente Genil y que llegó a la Audiencia Provincial de Córdoba, donde los implicados fueron condenados por:
- Fraude de cotizaciones.
- Fraude de prestaciones.
- Estafa.
- Falsedad documental.
El principal acusado recurrió su condena llegando el caso hasta el Tribunal Supremo, alegando defectos procesales, indefensión y falta de pruebas. Pero el alto tribunal en su sentencia 677/2025 confirmó íntegramente la condena, subrayando que el acusado actuó con plena conciencia de su conducta delictiva, aprovechándose del sistema.
Las condenas: prisión, multas e inhabilitaciones
El fallo del Supremo ratificó las penas impuestas por la Audiencia Nacional, que fueron las siguientes:
- En el caso de Luis Pedro, que fue el ‘cabecilla’ de todo este entramado, fue condenado a
2 años y 6 meses de prisión por fraude de cotizaciones, 1 año y 10 meses de prisión por fraude de prestaciones y falsedad documental y 1 año y 10 meses por estafa. Además de pagar una multa de más de 253.000 euros y 5 años sin acceder a subvenciones. - Juan María fue condenado por estafa a una multa de 720 €, tras aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas y Responsabilidad civil compartida con Luis Pedro.
- Cecilia y Carlota fueron condenadas por fraude y estafa, con penas de prisión sustituidas por multas. También fueron inhabilitadas para recibir ayudas públicas entre 1 y 4 años y responsabilidad civil compartida con Luis Pedro.