Francia quiere reducir su déficit público y para conseguirlo volverá a recortar en los salarios de los funcionarios y las pensiones de Jubilación. El Gobierno de Sébastien Lecornu ha presentado un plan de ajuste de 54.000 millones de euros para 2027 que incluye congelar por cuarto año consecutivo el índice salarial de los empleados públicos y limitar la subida de determinadas pensiones. También pretende reducir el gasto en bajas médicas, una medida que afectaría a la protección económica de los trabajadores durante una enfermedad.
La propuesta llega en un momento complicado para las cuentas públicas francesas y ya ha comenzado a encontrar resistencia en el Parlamento. El pasado 7 de octubre, los diputados rechazaron en comisión uno de los recortes fiscales previstos para los jubilados, aunque todavía podría recuperarse durante la tramitación.
Francia quiere ahorrar 54.000 millones de euros para reducir su déficit público
El Ejecutivo francés presentó el 1 de octubre su proyecto de presupuestos para 2027 con la intención de reducir el déficit desde el 5,4% del producto interior bruto (PIB) previsto para 2026 hasta el 5% el próximo año. Para alcanzar esa cifra, propone 43.000 millones de euros en nuevas medidas de ajuste, a los que se sumarían otros 11.000 millones procedentes de decisiones adoptadas anteriormente.
Según recoge el documento del Consejo de Ministros francés del 1 de octubre, el objetivo es frenar el crecimiento del gasto público y evitar que la deuda siga aumentando al ritmo de los últimos años. Según los cálculos del Gobierno francés los intereses de esa deuda costarán 91.200 millones de euros en 2027, frente a los 79.200 millones previstos para 2026.
Buena parte del ahorro saldría de limitar el crecimiento de determinadas partidas sociales, lo que significaría que los trabajadores públicos y pensionistas no vieran aumentado su salario, lo que se traduciría teniendo en cuenta la subida de precios en una perdida de poder adquisitivo.
Los funcionarios podrían encadenar cuatro años sin una subida general del índice salarial
Una de las medidas que más directamente afectaría a los empleados públicos es la congelación del llamado punto de índice, el valor que se utiliza en Francia para calcular una parte fundamental de sus retribuciones. El Gobierno quiere mantenerlo sin cambios durante 2027, lo que supondría el cuarto año consecutivo sin una actualización general de este indicador y permitiría ahorrar alrededor de 2.000 millones de euros.
La medida afectaría a una administración que empleaba a unos 5,9 millones de personas a finales de 2024. El Ejecutivo ha planteado proteger parcialmente los salarios más bajos, aunque todavía debe concretar cómo aplicaría esa protección.
La situación es distinta a la de España, donde los empleados públicos han recibido actualizaciones salariales en los últimos años. Entre ellas figura la subida salarial del 2,5% aprobada para los funcionarios españoles en 2025, cuyo abono también incluyó atrasos en determinados casos. Además, desde el Gobierno se asegura que la nueva subida será aprobada antes de las elecciones del 29 de noviembre, para garantizar que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo.
Las pensiones superiores a 1.260 euros podrían subir menos que la inflación
El Gobierno francés pretende ahorrar 5.500 millones de euros en el sistema de pensiones, principalmente mediante una menor revalorización de las prestaciones y cambios en las ventajas fiscales de las que disfrutan determinados pensionistas. La propuesta afectará principalmente a quienes cobran más de 1.260 euros mensuales que podrían subir por debajo de la inflación o incluso quedar congeladas. No obstante las prestaciones inferiores a ese importe si mantendrían la actualización vinculada a los precios. Con esta medida el Gobierno francés pretende conseguir unos 4.100 millones de euros de ahorro.
En España ya se vivió una situación parecida en los años 2012, 2013 y 2017 cuando el Gobierno subió las pensiones por debajo del IPC, gracias a la reforma del sistema para desligar su cálculo del IPC y establecer que, de haber déficit, solo podrían subir un 0,25%. Fue el Gobierno de coalición que derogó esa norma que limitaba la subida y desde entonces las pensiones han subido conforme lo ha hecho el IPC, en el caso de las no contributivas incluso han subido muy por encima.
A pesar de las elecciones, desde el Gobierno español aseguran que las pensiones contributivas se revalorizan tomando como referencia la evolución media del IPC.
El Parlamento ya ha rechazado uno de los recortes fiscales a los jubilados
Además de limitar las subidas, el Ejecutivo francés quiere modificar una deducción fiscal del 10% aplicada a los ingresos por pensiones, con el objetivo de reducir su límite máximo de 4.439 a 3.000 euros, una modificación con la que espera conseguir otros 1.400 millones de euros.
Sin embargo, el pasado 7 de octubre los diputados de la comisión de Finanzas rechazaron esta medida durante el examen del proyecto presupuestario, según informó Reuters. La decisión supone un primer obstáculo para el Gobierno, aunque el recorte fiscal todavía podría volver a plantearse en las siguientes fases de la tramitación parlamentaria.
El ajuste también llegaría a las bajas médicas y al gasto sanitario
Los trabajadores que necesiten una baja por enfermedad tampoco quedarían al margen de los cambios, ya que desde el Gobierno francés se quiere conseguir alrededor de 2.000 millones de euros de ahorro en el gasto relacionado con las bajas médicas, dentro de un plan más amplio para controlar los costes de la Seguridad Social.
El Ejecutivo pretende reducir el déficit de este sistema desde los 21.800 millones de euros previstos para 2026 hasta aproximadamente 12.700 millones en 2027. Para conseguirlo, propone controlar el crecimiento de las prestaciones y de diferentes partidas sanitarias, aunque las condiciones concretas que terminarían afectando a los trabajadores dependerán del texto que se apruebe.
En España, la prestación económica que recibe un trabajador durante una baja médica depende de la causa de la incapacidad y de los días que lleve sin poder trabajar. Por tanto, las propuestas francesas no modifican los derechos de los trabajadores españoles.
El Gobierno francés también quiere limitar los gastos de las administraciones locales y mantener congeladas las partidas de distintos ministerios, aunque algunas áreas, como Defensa, seguirían recibiendo más recursos.