El Ministerio de Trabajo tendrá que volver a redactar su propuesta para implantar en España la directiva europea de transparencia salarial. El primer borrador ha sido rechazado por CCOO y UGT, que consideran que el texto deja fuera algunas de las principales obligaciones recogidas por la normativa comunitaria y que, tal y como está planteado, no servirá para reducir de forma efectiva la brecha salarial entre hombres y mujeres.
El revés ha obligado al departamento que dirige Yolanda Díaz a mover ficha. Tras la reunión mantenida con los agentes sociales, el Ministerio se ha comprometido a elaborar un nuevo borrador con el que intentar acercar posiciones y desbloquear una negociación que llega, además, con retraso respecto al calendario marcado por la Unión Europea.
Un rechazo que obliga a Trabajo a empezar de nuevo
La propuesta presentada por Trabajo pretendía iniciar la transposición de la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia salarial, una norma llamada a cambiar la forma en que empresas y trabajadores acceden a la información sobre los salarios. Sin embargo, los sindicatos consideran que el texto se queda muy lejos de lo que exige Bruselas.
La principal crítica no se limita al contenido, sino también a la forma elegida por el Gobierno para aprobar la norma. CCOO y UGT rechazan que la transposición se haga mediante un Real Decreto, ya que entienden que buena parte de las medidas afectan a derechos laborales y deberían aprobarse mediante una ley tramitada en el Parlamento.
En su opinión, seguir la vía planteada por el Ministerio supondría dejar para más adelante cuestiones fundamentales de la directiva, lo que generaría una transposición incompleta e incertidumbre tanto para empresas como para trabajadores.
Las lagunas que denuncian los sindicatos
Las organizaciones sindicales sostienen que el borrador omite algunos de los derechos que la normativa europea reconoce expresamente a los trabajadores y a quienes buscan empleo. Entre ellos figura el derecho a conocer el salario o la banda salarial antes de acudir a una entrevista, una medida pensada para que los candidatos puedan negociar con mayor información desde el inicio del proceso de selección.
También echan en falta la prohibición de que las empresas pregunten por el historial salarial de los aspirantes, una práctica que la Comisión Europea considera que contribuye a perpetuar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres.
Otro de los puntos que genera mayor rechazo es que la propuesta se centre únicamente en el sector privado. Los sindicatos recuerdan que la directiva también afecta al empleo público y consideran imprescindible que las administraciones queden sometidas a las mismas obligaciones de transparencia.
A ello se suma la ausencia de un régimen sancionador específico para las empresas que incumplan las nuevas obligaciones o dificulten el acceso de los trabajadores a la información salarial, una cuestión que, según defienden, obligaría a modificar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Una reforma que llega con retraso
La negociación arranca, además, con la presión del calendario europeo. España debía haber incorporado la directiva antes del 7 de junio de 2026, pero el plazo ya ha expirado y la transposición continúa sin completarse. Si la situación se prolonga, la Comisión Europea podría iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado por incumplir sus obligaciones comunitarias.
La directiva representa uno de los cambios más importantes en materia de igualdad retributiva de los últimos años. Su objetivo es que las empresas sean mucho más transparentes en sus políticas salariales y que los trabajadores dispongan de herramientas para detectar posibles discriminaciones por razón de sexo.
Trabajo promete un nuevo texto para acercar posiciones
Tras el rechazo sindical, el Ministerio ha confirmado que elaborará una nueva propuesta antes de la próxima reunión con los agentes sociales. Aunque por ahora no ha adelantado qué cambios incorporará, el compromiso pasa por revisar el borrador y tratar de recoger las principales objeciones planteadas durante la negociación.
El resultado de esa nueva propuesta será decisivo para conocer el alcance definitivo de una reforma que obligará a miles de empresas a revisar sus políticas retributivas y que marcará la forma en que se aplicará en España la transparencia salarial exigida por la Unión Europea.