Los funcionarios de la Administración General del Estado trabajarán 35 horas semanales a partir de abril. Así lo ha confirmado el ministro de Función Pública, Óscar López, tras cerrarse el acuerdo con los sindicatos, que permitirá reducir en 2,5 horas la jornada semanal de más de 246.000 empleados públicos.
La medida ya está aprobada y solo pendiente de su desarrollo técnico, que el Gobierno prevé completar en las próximas semanas para que entre en vigor en la primera quincena de abril.
Menos horas de trabajo sin bajar el sueldo
La nueva jornada fija un máximo de 35 horas semanales de trabajo efectivo, lo que equivale a 1.533 horas al año. Esto supone una reducción del 7,1% respecto a la jornada actual en la Administración central.
En la práctica, los funcionarios trabajarán menos horas cada semana sin ver reducido su salario. Es una de las principales mejoras laborales en el empleo público estatal en los últimos años.
Un acuerdo que pone fin a años de diferencia con las autonomías
La jornada de 35 horas ya estaba implantada en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos como por ejemplo la administración de Castilla y León, pero seguía pendiente en la Administración central. Esta situación generaba diferencias entre empleados públicos que realizaban el mismo trabajo dependiendo de la administración.
El desbloqueo ha sido posible tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos, incluido CSIF, el último en sumarse.
No se aplicará igual en todos los ministerios
Aunque la reducción de jornada será general para toda la Administración General del Estado, su aplicación concreta se adaptará en cada ministerio y organismo público.
El propio Ejecutivo reconoce que será necesario negociar los detalles en cada caso, especialmente en servicios con turnos, horarios especiales o atención continua, como prisiones o determinados servicios administrativos.
Esto significa que todos los funcionarios pasarán a trabajar 35 horas, pero no necesariamente lo harán con el mismo reparto horario.
Por ejemplo, algunos podrán concentrar la reducción en menos días, mientras que otros verán reducido su horario diario o ajustados sus turnos. El objetivo es garantizar la reducción sin afectar al funcionamiento de los servicios públicos.
Cuándo entra en vigor exactamente
El Gobierno se ha dado un plazo máximo de 15 días para aprobar las medidas organizativas necesarias tras el acuerdo con los sindicatos.
Esto sitúa la entrada en vigor de la jornada de 35 horas en la primera quincena de abril, como muy tarde a mediados de mes.