El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca ha advertido de un cambio relevante en el cálculo de la pensión de jubilación anticipada voluntaria que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y que puede suponer una reducción mensual de hasta 400 euros para algunos trabajadores.
La clave está en la desaparición de la disposición transitoria 34, una norma que hasta ahora suavizaba los recortes en las jubilaciones anticipadas cuando la pensión resultante superaba la pensión máxima del sistema.
El aviso ya aparece en el simulador de la Seguridad Social
Según explica Muñoz Cuenca, desde hace días el simulador de la Seguridad Social muestra un mensaje informando de que, a partir de 2026, dejará de aplicarse el apartado segundo de la disposición transitoria 34.
El propio organismo reconoce que está adaptando el simulador a los nuevos criterios y advierte de que, hasta que se complete esa actualización, los cálculos de algunas jubilaciones anticipadas no son correctos.
Para qué servía la disposición transitoria 34
El objetivo de esta disposición era evitar situaciones en las que adelantar la jubilación no tenía ningún efecto económico negativo para quienes, incluso con recortes, seguían cobrando la pensión máxima.
Hasta ahora, cuando un trabajador se jubilaba de forma anticipada y, tras aplicar los coeficientes generales, la pensión seguía superando el tope máximo, se le aplicaban coeficientes reductores específicos más suaves directamente sobre la pensión máxima.
Esto hacía que el castigo económico fuera limitado en comparación con el que se aplica con la normativa general.
Qué cambia a partir del 1 de enero de 2026
A partir de 2026, y según se desprende del mensaje del simulador, se considera finalizado el periodo transitorio de diez años previsto en la norma. El motivo es la evolución al alza de la pensión máxima, que habría absorbido el efecto protector de la disposición.
En la práctica, esto significa que las jubilaciones anticipadas voluntarias pasarán a aplicar los coeficientes reductores generales del artículo 208 sobre la pensión máxima, en lugar de los coeficientes más bajos que fijaba la disposición transitoria 34.
Un ejemplo claro del impacto económico
Muñoz Cuenca pone un ejemplo ilustrativo. Un trabajador con 38 años cotizados que se jubile voluntariamente dos años antes y cuya pensión supere la máxima:
- Con la disposición transitoria 34, la reducción era del 9,10 %, cobrando unos 3.053 euros mensuales.
- Sin esa disposición, se aplicaría una reducción del 21 %, lo que dejaría la pensión en unos 2.654 euros.
La diferencia es de unos 400 euros menos al mes, una caída significativa que puede afectar de forma directa a la decisión de adelantar la jubilación.
Los casos en los que sí se mantiene la disposición transitoria
No todos los trabajadores se verán afectados. La norma sigue aplicándose en dos supuestos concretos:
- Cuando la extinción del contrato se produjo antes del 1 de enero de 2022 y el trabajador no volvió a cotizar más de 12 meses después.
- Cuando el despido se produjo tras esa fecha, pero derivado de un ERE, convenio colectivo o procedimiento concursal aprobado antes del 1 de enero de 2022.
En estos casos, se seguirán utilizando los coeficientes más favorables de la disposición transitoria 34.
Qué ocurre con la jubilación anticipada involuntaria
El funcionario también aclara que este cambio no afecta del mismo modo a la jubilación anticipada involuntaria. En estos casos, los coeficientes se aplican sobre la pensión calculada y el tope máximo solo se reduce un 0,50 % por cada trimestre de anticipo.
En el ejemplo planteado, la reducción sería de apenas un 4 %, lo que permitiría cobrar una pensión cercana a los 3.225 euros mensuales, muy por encima de lo que resultaría con una jubilación anticipada voluntaria.