El Ministerio de Trabajo da el primer paso para revisar a fondo la normativa sobre los despidos improcedentes. Este lunes 20 de octubre, se reúne con los agentes sociales en una mesa de diálogo destinada a reformar el sistema de indemnizaciones, con el objetivo de que sean realmente disuasorias para las empresas y reparadoras para los trabajadores.
Presiones sindicales y condenas europeas
La iniciativa responde a una presión sostenida de los sindicatos CCOO y UGT, así como a dos resoluciones clave del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que han condenado a España en 2024 y 2025. En estos pronunciamientos, el CEDS dictaminó que la actual indemnización (33 días por año trabajado) no cumple con los estándares europeos. Consideran que no es suficiente para reparar el perjuicio sufrido por el trabajador despedido ni disuade adecuadamente al empleador de realizar despidos injustificados.
Estas resoluciones señalaron que el sistema español incumple el artículo 24.b de la Carta Social Europea, especialmente en lo relativo a la protección de trabajadores temporales o contratados en fraude de ley.
El papel del Tribunal Supremo
Algunos tribunales en España habían comenzado a aumentar las indemnizaciones siguiendo el criterio europeo. No obstante, en julio de 2025, el Tribunal Supremo frenó esa tendencia. En su sentencia, afirmó que no es posible modificar las indemnizaciones por vía judicial, ya que la ley actual ofrece seguridad jurídica e igualdad para todos los trabajadores. El Supremo también aclaró que las decisiones del CEDS no son vinculantes ni directamente ejecutables, por lo que cualquier cambio debe hacerse por la vía legislativa.
Una reforma incluida en el programa del Gobierno
La reforma forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido clara, ha señalado como ha hecho en más de una ocasión que el modelo actual no es suficiente y debe cambiarse para alinearse con los estándares europeos de protección laboral. En su lugar, se busca una indemnización que contemple el daño real causado al trabajador, tenga en cuenta sus circunstancias personales y actúe como una barrera para evitar despidos arbitrarios.
El encuentro de hoy está presidido por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Díaz y figura central en los procesos de diálogo social del Ministerio. La cita se celebra a las 9:30 de la mañana y cuenta con representantes de los sindicatos mayoritarios y de la patronal CEOE.
Tensiones con la patronal
La propuesta ha despertado fuertes críticas por parte de la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha acusado a Yolanda Díaz de llevar a cabo un “monólogo social” y de responder más a intereses políticos que al consenso. Desde el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey respondió con firmeza, señalando que “estar en una mesa de diálogo social no es sólo para calentar la silla. Hay que estar para proponer, para hacer propuestas y para alcanzar acuerdos”.
¿Qué se espera de la reforma?
Los sindicatos insisten en que la indemnización debe ser proporcional al daño y tener un verdadero efecto disuasorio. Proponen que se evalúe cada caso teniendo en cuenta factores personales y laborales, y que se supere el modelo actual de compensación estandarizada. Una de las últimas propuestas de los sindicatos es que vuelvan los salarios de tramitación en los despidos improcedentes.