La Policía Nacional ha detenido a 73 personas en Melilla por su presunta participación en un fraude de más de 3,5 millones de euros a la Seguridad Social. Los investigados simulaban accidentes de tráfico, solicitaban bajas médicas apenas unos días después de comenzar a trabajar y llegaban a cobrar prestaciones como autónomos y asalariados. Durante la investigación, los agentes descubrieron que algunos presentaban lesiones en las mismas partes del cuerpo y que incluso se había utilizado una misma resonancia magnética en distintas revisiones médicas.
La operación, dada a conocer por el Ministerio del Interior, ha permitido descubrir cómo funcionaba una trama que buscaba obtener prestaciones por bajas laborales falsas. Según la investigación policial, el objetivo final era prolongar esas supuestas incapacidades hasta conseguir pensiones de incapacidad permanente que les permitieran seguir cobrando de forma vitalicia.
Simulaban accidentes de tráfico para cobrar dos prestaciones por baja médica
La estafa comenzaba cuando los implicados se daban de alta como autónomos en actividades como albañilería, peluquería o mozo de almacén. Aunque declaraban profesiones con ingresos habitualmente modestos, se asignaban bases de cotización de hasta 4.000 euros, cantidades que llamaron la atención de los investigadores por resultar desproporcionadas respecto a los trabajos que supuestamente realizaban.
Apenas unos días después de formalizar el alta, comunicaban que habían sufrido un accidente o padecían una enfermedad que les impedía continuar trabajando. De esta manera, comenzaban a cobrar una prestación por incapacidad temporal calculada sobre la base de cotización declarada. La Policía comprobó que muchos de esos accidentes eran presuntamente inventados y que uno de los métodos más habituales consistía en simular accidentes de tráfico con otros integrantes de la trama como testigos.
Los papeles también se intercambiaban entre los implicados y quienes aparecían como testigos de un accidente podían figurar después como víctimas de otro, lo que permitía repetir el procedimiento y solicitar nuevas prestaciones. Sin embargo, el fraude no se limitaba a las altas como autónomos, ya que la mayoría de los investigados también figuraba como asalariada de otras personas.
Según los investigadores, estas contrataciones procedían de un grupo reducido de empresarios y se formalizaban apenas unos días antes de que los trabajadores solicitaran la baja. Así, los presuntos beneficiarios podían cobrar una segunda prestación mensual que se sumaba a la que ya cobraban como autónomos. Las coincidencias entre los empleadores y las fechas de contratación llevaron a la Policía a investigar también a los empresarios implicados.
La cuantía de las ayudas era una de las claves del sistema, ya que las bases declaradas influían directamente en el cálculo de las prestaciones. La cantidad que corresponde cobrar depende de las circunstancias de cada trabajador y de su régimen de cotización. Por ejemplo, la prestación económica que reciben los trabajadores durante una baja médica tiene reglas específicas de cálculo cuando se trata de empleados a tiempo parcial.
La misma resonancia magnética apareció en varias revisiones médicas
Cuando los agentes comenzaron a comparar los expedientes, encontraron numerosas coincidencias entre los supuestos accidentados. Todos residían en un mismo distrito de Melilla y la inmensa mayoría mantenía vínculos familiares o de parentesco. Además, acudían al mismo centro de salud para prolongar sus bajas laborales, donde un mismo médico atendía a buena parte de los investigados.
El análisis de las pruebas médicas permitió detectar otras irregularidades, ya que muchos de los afectados presentaban lesiones en la misma zona del cuerpo y, durante las revisiones, se había aportado una misma resonancia magnética en más de una ocasión. Estas coincidencias llevaron a los investigadores a examinar también la actuación del facultativo que atendía a gran parte de los casos, quien figura entre las personas investigadas.
La trama pretendía mantener las bajas durante el tiempo necesario para que los afectados llegaran a una evaluación médica que determinara si podían regresar al trabajo o si sus lesiones justificaban una incapacidad permanente. Según la Policía, conseguir una pensión vitalicia era el objetivo final del fraude, ya que les habría permitido seguir percibiendo ingresos una vez terminada la prestación temporal.
El reconocimiento de una incapacidad permanente requiere una valoración de las limitaciones que presenta el trabajador para desarrollar su actividad. Además, estas prestaciones pueden quedar sujetas a revisiones médicas para comprobar si las lesiones que dieron derecho a la pensión han mejorado, dentro de los plazos y condiciones establecidos legalmente.
🚩Detenidas en #Melilla 73 personas por cometer un fraude masivo a la #SeguridadSocial
🔹 Declaraban falsas bajas laborales mientras ejercían como trabajadores autónomos o asalariados
🔹 El fraude supera los 3.500.000 de euros https://t.co/vZ2VIfERje— Policía Nacional (@policia) November 6, 2026
Un gestor sin colegiar, señalado como principal organizador de la trama
La investigación también permitió identificar a la persona que presuntamente coordinaba buena parte de las solicitudes. Se trataba de un hombre que ejercía como gestor administrativo en Melilla y que aparecía como representante en numerosos expedientes. Según la Policía, no constaba colegiado ni como gestor administrativo ni como abogado y ya había sido detenido anteriormente en varias ocasiones por delitos relacionados con falsedad documental, estafa y favorecimiento de la inmigración irregular.
Los testimonios recogidos entre los propios investigados apuntan a que este hombre habría diseñado el procedimiento utilizado para conseguir las prestaciones, aprovechando sus conocimientos sobre los trámites administrativos. Su intervención habría facilitado la gestión de las altas laborales, las solicitudes y la documentación relacionada con las supuestas incapacidades.
Durante el operativo desarrollado en Melilla y las actuaciones posteriores, la Policía Nacional detuvo a 73 personas y tomó declaración a otra en calidad de investigada no detenida. Los agentes también registraron la oficina del principal sospechoso, donde intervinieron documentación en papel y archivos electrónicos para continuar esclareciendo los hechos.