A la empresa Bayer CropScience S.L le ha salido caro el despido objetivo que le realizó su trabajador, pues la justicia condena a la empresa a indemnizar a su trabajar con nada más y menos que 259.726,50 euros tras declararse el despido improcedente.
El trabajador, que llevaba en la empresa desde 1990 como sales manager en la zona centro-norte de La Rioja, cobraba un salario anual de 95.758,04 € fue despedido el 30 de junio de 2023 mediante despido objetivo.
Despido por baja productividad
Según la empresa, la zona Centro-Norte donde operaba el trabajador tenía una media de ventas un 21% inferior a la del Noreste y un 51% menor que la del Norte. Además, argumentó que la caída de la demanda, provocada por modificaciones en la Política Agrícola Común (PAC) y la reducción de productos para el cultivo de la vid, justificaban la eliminación del puesto.
El empleado no aceptó los argumentos alegados por la compañía y decidió impugnar su despido, por lo que presentó la papeleta de conciliación ante el SMAC (paso previo antes de presentar la demanda por despido). Tras la celebración del acto de conciliación el 24 de julio de 2024, y sin que hubiera acuerdo entre las partes, el caso llegó al Juzgado de lo Social número 3 de Logroño.
El Juzgado de lo Social dio la razón al trabajador y declaro el despido improcedente, obligando a Bayer a elegir entre readmitir al trabajador en su mismo puesto y abonar los salarios de tramitación que se calcularían en 262,35 euros por día o bien indemnizarlo con 259.726,50 €, descontando los 95.758,04 euros que ya le había abonado en concepto de indemnización.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirma el despido improcedente
Dicha decisión fue recurrida por Bayern ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que analizó nuevamente el caso. Bayer alegó que la reestructuración de su red comercial justificaba la extinción del puesto de trabajo. La empresa argumentó que la reorganización mejoraba la eficiencia, corrigiendo desequilibrios de ventas y productividad entre los distintos territorios.
Sin embargo, el Tribunal en su sentencia 8/2025, al igual que el juzgado de lo Social, consideró que no aportó pruebas suficientes para justificar que el despido fuera una media razonable y necesaria. La sentencia concluyó que:
- No se demostró una caída real de ventas en la zona del trabajador.
- La empresa no probó que la reorganización territorial tuviera un impacto directo en la productividad.
- No existían pruebas de que la eliminación del fuera imprescindible para la reestructuración.
Al no poder justificar las causas por las que decidió despedir el trabajador, ahora tendrá que elegir entre readmitir o indemnizarlo con 259.726,50 euros, descontando los 95.758,04 euros ya abonados. Pero además, tendrá que asumir las costas procesales, incluyendo 800 euros más IVA en honorarios del abogado del trabajador despedido.
La sentencia aún no es firme y Bayern puede presentar un recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, pero por ahora, esta batalla legal la tiene perdida.