La Fundación de Estudios de Economía Avanzada (Fedea) plantea reformar el régimen legal de la finalización de los contratos de trabajo para que un despido acordado sea legal. En otras palabras, que la baja voluntaria por parte del trabajador de derecho a cobrar el paro.
Uno de los requisitos para poder cobrar prestación por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es estar en situación legal de desempleo. Esto sucede cuando la perdida del empleo se produce por una causa ajena al trabajador, como puede ser el despido o el fin de contrato temporal. Aunque también se encuentran en esta situación aquellos trabajadores fijos-discontinuos cuando no están en el periodo de actividad.
Tal y como indica el SEPE en su web, el sistema de protección por desempleo protege a las personas trabajadoras que quieren y pueden trabajar, pero carecen de empleo. Es por ello que la baja voluntaria del trabajador impide cobrar prestación.
La solución que encuentran muchos trabajadores es pactar un despido falso con la empresa, lo que se conoce como arreglar los papeles del paro.
Pactar despidos: Una práctica muy extendida en España
Según afirma Fedea, pactar despidos está a la orden del día en España. Así lo expone la organización a través de un trabajo firmado por Íñigo Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, en el que ha analizado el elevado número de despidos que se producen y las resoluciones judiciales en este ámbito.
Tal y como detalle Sagardoy, hay un elevado número de despidos que se resuelven en los actos de conciliación. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo, en 2022 hasta 223.000 personas iniciaron una causa de este tipo por motivos laborales, de los cuales 118.000 acabaron derivando en algún tipo de indemnización para el asalariado.
Aunque podrían existir varias razones que explicarán estos números, Fedea asegura que en principio se deben por la utilización del despido pactado entre empresa y trabajador.
¿Baja voluntaria o despido pactado?
Una baja voluntaria de un trabajador conlleva la imposibilidad de poder cobrar prestación por desempleo. Es por ello que quienes, aun queriéndose marchar de su empresa, prefieren la vía del despido pactado.
Un despido pactado no es más que un despido falso, concretamente, se trata de un despido disciplinario falso, ya que este tipo de despido no tiene indemnización, por lo que a efectos económicos para la empresa, resulta igual que la baja voluntaria, aunque para el trabajador no, ya que con este despido si podría acceder a cobrar el paro.
No obstante, esta práctica conocida popularmente como arreglar los papeles del paro es ilegal y puede conllevar incluso a una sanción administrativa tanto para la empresa como para el trabajador.
El artículo 23.1 de la Ley sobre Infracciones, Sanciones del Orden Social (LISOS) considera esta práctica como una infracción muy grave y pueden llevar a multas de 7.500 euros, pudiendo llegar incluso en el peor de los casos hasta los 225.000 euros.
Fedea pide incluir el despido pactado
Por estos motivos, Fedea pide que se impulse un cambio y que se introduzca el despido pactado como una causa para poner fin a una relación laboral y que se puede acceder a cobrar prestaciones.
Esto, según afirman, reflejaría mejor la «verdadera realidad» de las salidas del mercado laboral.