La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y 3 meses de prisión que se le había impuesto a un abogado laboralista, el cual se apropió de nada más y nada menos que de los 225.000 euros a que ascendía la indemnización por despido improcedente de un cliente suyo.
El abogado fue contratado por un trabajador para presentar demanda contra despido improcedente en 2012. Este trabajador comenzó a trabajar en la empresa en el año 1991, fue despedido el 24 de julio de 2012 mediante un despido disciplinario. En julio de 2013, el Juzgado de lo Social declaro improcedente el despido y condenó a la empresa a pagarle 202.213,70 euros en concepto de indemnización. Esta sentencia fue recurrida y en el año 2015 el Tribunal Superior de justicia confirmo la improcedencia y el pago de la indemnización.
Su abogado se quedó con el dinero de la indemnización
Tras ganar firmeza la sentencia, el Juzgado expidió en octubre de 2015 mandamiento de devolución de los 202.213 euros (que había consignado la empresa para poder recurrir en apelación) a favor del trabajador, que entregó al abogado, y en diciembre del mismo año liquidó los intereses del principal de la indemnización, que ascendieron a 25.703,30 euros, expidiendo otro mandamiento de devolución por esa cuantía en favor del trabajador y con entrega al letrado.
Posteriormente, el 2 de febrero se expidió otro mandamiento de devolución, a favor del trabajador, cuyo mandamiento fue también entregado al abogado de este.
Ambos mandamientos fueron presentados al cobro y cobrados el 10 de noviembre de 2015 y el 13 de febrero de 2016, respectivamente, por el abogado demandado. Sin embargo, estas no fueron entregadas a su cliente.
Tal y puede leerse en la sentencia, con el objetivo de retrasar cuanto pudiera la llegada al conocimiento de su cliente de cobro efectuado de las cantidades reconocidas a su favor en sentencia, el abogado explicó al mismo una serie de avatares procesales que presentó como impeditivos del pago, reforzando sus explicaciones mediante la entrega de fotocopias que decía eran de documentos procedentes del Juzgado de lo Social cuando no lo eran.
Delito de falsedad documental y de apropiación indebida
Finalmente, el abogado ha sido condenado a 4 años y seis meses de prisión y multa de 7.875 euros por un delito continuado de apropiación indebida agravada por el valor de la defraudación. A
Otros dos años de prisión y multa de 6.775 euros por un delito continuado de falsedad de documento oficial cometido por particular, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
A esto hay que sumar que deberá devolver 227.900 euros más interesas a su cliente.
Puedes leer el comunicado en este enlace y a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aquí.