Bruselas ha dado dos meses a España para mejorar la protección de los trabajadores expuestos al amianto. La Comisión Europea considera que el Gobierno todavía no ha aplicado todas las medidas que exige la Unión Europea para reducir los riesgos de trabajar en contacto con este material cancerígeno.
El aviso puede tener consecuencias económicas. Si España no realiza los cambios pendientes dentro del plazo, la Comisión Europea podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir que se imponga una multa al país.
Bruselas aumenta así la presión sobre el Gobierno después de varios años de retraso. La mayor parte de las normas debían haberse aplicado antes de diciembre de 2021, aunque algunos cambios cuentan con plazos más amplios. España sigue sin completar todas las medidas reclamadas.
España tiene dos meses para hacer los cambios pendientes
En enero de 2026, la Comisión Europea avisó a una decena de países de que no habían adaptado por completo sus normas para proteger a los trabajadores frente al amianto. Cuatro países corrigieron los problemas detectados, pero España sigue entre los que no han completado los cambios. Por este motivo, Bruselas ha dado un paso más y ha concedido al Gobierno un plazo de dos meses para corregir la situación.
Si España no toma las medidas necesarias o su respuesta no convence a la Comisión Europea, el siguiente paso puede ser llevar el caso ante la Justicia europea. Bruselas también podrá pedir que se impongan sanciones económicas. España no es el único país en esta situación. Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia también tienen abiertos procedimientos por no haber aplicado completamente las medidas europeas dentro de los plazos marcados.
El límite de exposición al amianto debe reducirse diez veces
Uno de los principales cambios pendientes afecta directamente a las personas que pueden respirar fibras de amianto mientras trabajan. La norma europea obliga a reducir el nivel máximo de exposición permitido durante la jornada laboral.
El límite debe pasar de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico. En otras palabras, la cantidad máxima de amianto a la que puede estar expuesto un trabajador debe reducirse a una décima parte del límite anterior.
La medida busca aumentar la protección de quienes trabajan en lugares donde todavía existen materiales con amianto. El peligro aparece especialmente cuando estos materiales se rompen, se cortan o se retiran, porque pueden liberar fibras muy pequeñas que quedan en el aire y entran en los pulmones al respirar.
La Comisión Europea recuerda la gravedad del problema. Según sus datos, alrededor del 75% de los cánceres relacionados con el trabajo en la Unión Europea están vinculados al amianto. Además, las enfermedades pueden aparecer muchos años después de que una persona haya estado expuesta.
Aunque el uso del amianto está prohibido en España desde hace años, todavía puede encontrarse en edificios y construcciones antiguas. Esto hace que trabajadores de sectores como la construcción, las reformas, el mantenimiento o la retirada de materiales puedan seguir entrando en contacto con esta sustancia.
España tiene ahora dos meses para completar los cambios que reclama Bruselas. Si no lo hace, la Comisión Europea podrá llevar el caso ante la Justicia europea y pedir una sanción económica. El plazo pone de nuevo el foco en un problema que va más allá del conflicto entre el Gobierno y las instituciones europeas. La protección de los trabajadores que todavía pueden estar expuestos al amianto durante su jornada laboral sigue siendo el asunto principal.