Solo la mitad de las familias en riesgo de exclusión cobrará el Ingreso Mínimo Vital

La nueva prestación de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital puesta en marcha por el Gobierno para paliar a corto plazo los efectos  económicos provocados por la pandemia del coronavirus a las familias más vulnerables no llegará al 53%.

El Gobierno ya realizó el viernes 26 de junio el pago del Ingreso Mínimo Vital a aquellas familias beneficiarias de la prestación por hijos a cargo que la Seguridad Social reconoció de oficio beneficiarios de esta nueva ayuda social.

Esta es la conclusión que ha llegado la Fundación Madrina, tras realizar un estudio sobre los colectivos más vulnerables. Un estudio basado en 1.200 entrevista a personas que  revela que al menos un 27% de las familias vulnerables se quedarían sin derecho a esta prestación al cohabitar sus miembros en pisos donde viven, dos, tres y hasta cuatro familiar.

Según la Fundación Marina, sería mucho más equitativo y justo que se considerase la distribución de la ayuda según el libro de familia.

Los datos que revela su informe son los siguientes:

Un 11% de las familias vulnerables se quedarían fuera por sobrepasar en menos de 100 euros el tope de ingresos, teniendo a su cargo tres o más hijos, un 8% por no cumplir con el requisito de residencia legal en España, un 7%  está en el paro con una prestación mínima; un 6% son menores de 23 años embarazadas; y, por último un dato que también ha preocupado bastante, un 3% no podrá recibir la prestación por ser mayor de 65 años.

De las familias que la Fundación atiende, 70 % tienen 3 hijos o más, por lo que consideran que el Ingreso Mínimo Vital sería una ayuda insuficiente, debido a que a partir del 4 hijo la ayuda no se incrementa.

El 90% comparten pisos con otras familias, pero lamentablemente no tienen los contratos regularizados, por lo que no pueden solicitar la ayuda por alquiler.

Además añade que los propietarios no les quieren hacer el empadronamiento por el riesgo que conllevaría de impago o por no perder las ayudas sociales respectivas, por lo que estas familias se encontrarían en una situación fantasma para la propia administración.

Para terminar,  concluye que un 32% se encuentra en un Expediente Regulador Temporal de Empleo (ERTE) sin pagar, por lo que desde que se decretase el estado de alarma no han recibido ningún tipo de ingreso, sin posibilidad de solicitar cualquier otra prestación social.

 

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