Con 10 años en la empresa creyó que hacía lo correcto denunciando a un compañero por robo y su recompensa fue el despido.
Un operario de una fábrica alertó de que un compañero estaba robando material y terminó siendo él quien perdió el trabajo. Dos años después, la justicia le da la razón y condena a la empresa a indemnizarlo con más de 25.000 euros, según cuenta Le Figaro Emploi.
“Solo quería avisar de algo raro”
Todo ocurrió en mayo de 2022, durante un turno de noche. El trabajador vio a un compañero sacar barras de metal del recinto y pensó que podía estar robando. Avisó a su jefe inmediato, pero este le aseguró que la retirada estaba autorizada.
Aun así, al terminar su turno decidió contárselo al director de la planta y aseguró que incluso había hecho fotos “por si acaso”. El gesto, que él creyó responsable, desató un conflicto interno.
A su compañero, lógicamente, no le gustó nada ese chivatazo, a pesar de que supuestamente todo estaba autorizado. Pero claro, una acusación de ese grado nunca se recibe bien. Días después, ambos trabajadores discutieron en el pasillo y tuvieron que ser separados por otros empleados.
La dirección no quiso dejar pasar el incidente y despidió al trabajador denunciante por falta grave, acusándolo de crear un ambiente hostil y desobedecer órdenes. Llevaba casi diez años en la empresa.
De “problemático” a víctima de despido injusto
Un despido que puede parecer surrealista, ya que se trataba de un trabajador que, con su gesto de denunciar un posible hurto, estaba demostrando su compromiso con la compañía.
Por ello, el trabajador decidió recurrir. En primera instancia perdió y tuvo que pagar 1.500 euros, pero no se rindió y su apelación dio la vuelta al caso.
El tribunal consideró que solo actuó de buena fe al informar de algo que creyó irregular, por lo que no había indicios de que quisiera causar daño a nadie ni crear un mal ambiente.
La sentencia concluye que avisar de buena fe no puede costarte el empleo, y que la empresa no demostró ninguna “causa real y seria” para justificar el despido.
De modo que el tribunal ha obligado a la compañía a pagar más de 25.000 euros entre indemnización, daños y perjuicios, vacaciones no disfrutadas y costas judiciales. Además, al tratarse de un despido declarado injustificado, la empresa deberá devolver al servicio público de empleo francés (Pôle Emploi) las prestaciones por desempleo que el trabajador cobró durante seis meses, como marca la ley en estos casos.