La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha decidido levantarse de la mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo, donde se debatía una posible reforma de la indemnización por despido improcedente.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, anunció la decisión durante la asamblea general de Cepyme, afirmando que el diálogo “parte de una premisa falsa”: que la actual legislación española incumple la Carta Social Europea.
“No vamos a ir a una mesa en la que la premisa principal no es cierta”, señaló Garamendi, que recordó que el Tribunal Supremo ya cerró la puerta este verano a indemnizaciones adicionales más allá de los 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.
En realidad, la sentencia del Tribunal Supremo lo que señalaba es que los jueces no pueden imponer en sus sentencias indemnizaciones por encima de lo que indica la legislación española, como ocurrió en un caso llevado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aumentó la indemnización por despido a un trabajador. Es decir, si un despido es improcedente al trabajador, le corresponde 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades.
Europa presiona, la CEOE se planta
El origen de la disputa está en las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que considera que las compensaciones por despido en España no son lo bastante disuasorias y pide al Gobierno revisarlas.
En respuesta, el Ministerio de Trabajo convocó a sindicatos y empresarios para abrir una negociación que ahora queda en el aire tras la retirada de la CEOE.
Mientras tanto, los sindicatos defienden que el actual sistema provoca que sea fácil y barato despedir a un trabajador, especialmente para quienes tienen pocos años de antigüedad en la empresa.
El futuro del diálogo social
Desde la CEOE insisten en que el sistema actual “funciona” y que cambiarlo generaría inseguridad jurídica y desincentivaría la inversión. Aun así, aseguran que seguirán participando en otras mesas abiertas, como la del salario mínimo interprofesional o la prevención de riesgos laborales.
La ruptura deja a los sindicatos como únicos interlocutores en un debate clave para el mercado laboral, y el Gobierno deberá decidir ahora si sigue adelante con la reforma sin el respaldo empresarial. Es por ello que Trabajo ha encargado a los sindicatos que hagan un borrador de la reforma.