En los últimos años, las empleadas del hogar han ido ganando derechos laborales, uno de los más importantes fue que cotizarán por prestación por desempleo para así poder acceder a las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esto se hizo realidad en octubre de 2022, no obstante los juzgados ya dieron la razón a muchas trabajadoras doméstica sobre su derecho a poder cobrar prestación por desempleo antes de la entrada en vigor de esta reforma.
Lo difícil será ahora que puedan acceder a una pensión contributiva de jubilación, al menos así lo alertado un informe elaborado por Oxfam Intermón que alerta de que el 54,1% de las trabajadoras del hogar y de cuidados mayores de 55 años no podrá acceder a una pensión contributiva cuando alcance la edad de jubilación.
La cifra supone que más de 85.000 mujeres podrían quedarse fuera de esta prestación pese a haber desarrollado durante años una actividad esencial para miles de familias. Actualmente, existen más de 158.000 trabajadoras del sector mayores de 55 años, pero solo el 45,9% lograría cumplir los requisitos exigidos para cobrar una pensión contributiva.
Más de la mitad no alcanza el mínimo exigido para jubilarse con pensión contributiva
Para poder jubilarse es necesario tener cumplir tanto con la carencia genérica como la carencia específica, es decir, es necesario haber cotizado al menos 15 años durante toda la vida laboral y además que 2 años se hayan cotizado en los últimos 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación.
El problema está en que muchas empleadas del hogar han encadenado muchos contratos temporales y también a tiempo parcial. Aunque la parcialidad ya no penaliza de cara al cómputo de años de cotización, tras la equiparación del trabajo parcial a tiempo completo en lo referente al cómputo de días cotizados. Es decir, independientemente el tipo de jornada que se tenga, cada día dado de alta en la Seguridad Social cuenta como día cotizado, ya sea que se esté a jornada completa o a tiempo parcial.
Pero el principal problema es el tiempo que a pesar de haber estado trabajando no han estado dadas de alta en la Seguridad Social.
Esta realidad provoca que miles de trabajadoras lleguen al final de su vida laboral sin las cotizaciones suficientes para acceder a una pensión contributiva. El informe advierte además de que un 14% podría jubilarse sin ningún tipo de prestación económica. Entre las trabajadoras migrantes la situación es todavía más preocupante, ya que ese porcentaje asciende al 25,4%.
Ingresos de 940 euros al mes y dificultades para llegar a fin de mes
Donde sí afecta la parcialidad de sus contratos es en la cuantía de la futura pensión, ya que esta se calculará en base a sus cotizaciones y si estas han estado a tiempo parcial, evidentemente serán más baja que las de una persona que ha trabajado a jornada completa.
Pero además, hay que tener en cuenta que aunque con 15 años se accede a la jubilación, esto solo da derecho al 50% de la base reguladora, añadiéndose un porcentaje adicional por cada mes adicional, hasta alcanzar el 100% de la base reguladora.
Por ejemplo, un trabajador que se jubila en 2026 para poder cobrar el 100% de su pensión tiene que tener cotizados como mínimo 36 años y medio, pero en 2027 se exigirán los 37 años cotizados.
El informe señala precisamente que quienes ya se han jubilado apenas superan los 700 euros de pensión y eso precisamente se debe a la parcialidad de su vida laboral y temporalidad.
Muchas trabajadoras creen que tendrán que retrasar su jubilación
Cerca del 66% de las empleadas del hogar mayores de 55 años considera que tendrá que seguir trabajando más allá de la edad de jubilación para poder mantenerse económicamente y poder acceder a una pensión mayor gracias a los incentivos que ofrece el Gobierno.
El envejecimiento también preocupa. Actualmente, el 30% de las trabajadoras del hogar tiene más de 55 años, una proporción muy superior a la del conjunto del mercado laboral español. Desde 2012, el número de afiliadas mayores de esa edad se ha duplicado, mientras que las trabajadoras mayores de 65 años se han multiplicado por seis.
Esta evolución anticipa que el acceso a una jubilación digna se convertirá en uno de los grandes retos sociales para este colectivo durante los próximos años.