El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida salarial del 0,5% para cerca de tres millones de empleados públicos. El incremento, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, era el último tramo pendiente del acuerdo retributivo suscrito en 2022 entre el Gobierno y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
Con esta medida, se completa el compromiso de revisión salarial para el periodo 2022-2024, que contemplaba un aumento total del 9,8%, según confirmaron fuentes oficiales. El Ministerio de Hacienda ha detallado que la subida se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y que se abonará en una próxima nómina en forma de paga de atrasos. A partir de ese momento, el 0,5% quedará incorporado de manera permanente a los salarios.
El Ejecutivo justifica el retraso en la negociación presupuestaria
El Ejecutivo ha justificado el retraso en la necesidad de esperar a la negociación presupuestaria, aunque finalmente ha optado por aplicar la subida al margen de los Presupuestos Generales del Estado. Según la ministra portavoz, Pilar Alegría, se trata de “un paso muy importante” que cumple con lo pactado con los representantes sindicales y refuerza el compromiso del Gobierno con los servicios públicos.
El Ejecutivo aprueba un incremento salarial del 0,5% para los trabajadores del sector público, que beneficiará a 3 millones de funcionarios.
La portavoz @Pilar_Alegria 👉 “Con esta medida el Gobierno cumple lo acordado con los sindicatos UGT y CC.OO., en materia salarial” pic.twitter.com/NihNvZ8Q5n
— La Moncloa (@desdelamoncloa) July 1, 2025
La aplicación de esta subida estaba condicionada a que la inflación acumulada entre 2022 y 2024 superase el 8%, un umbral que se alcanzó en enero, activando así el mecanismo recogido en el acuerdo. Desde el Ministerio se ha confirmado que el pago adicional incluirá todos los atrasos desde el comienzo del año hasta la fecha de aplicación.
UGT y CCOO celebran la medida pero critican la demora
UGT y CCOO han expresado su satisfacción por la aprobación, aunque también han criticado la demora del Gobierno. En un comunicado conjunto, han recordado que esta medida llega “con 18 meses de retraso”, y han subrayado que aún quedan pendientes varios compromisos incluidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
Entre ellos, citan la implantación de la jubilación parcial, la jornada laboral de 35 horas, la actualización de la clasificación profesional y una revisión de las retribuciones previstas para 2025.
Durante los últimos meses, los sindicatos habían intensificado la presión sobre el Gobierno. En mayo, el ministro de Función Pública, Óscar López, aseguró que el pago se efectuaría “en breve”, aunque fue necesario esperar el visto bueno definitivo de Hacienda. En junio, tanto UGT como CCOO advirtieron con iniciar movilizaciones si no se materializaba la subida, mientras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó una solicitud formal en Moncloa reclamando el abono del incremento salarial.