La Guardia Civil ha liberado a 80 trabajadores migrantes que vivían y trabajaban en condiciones cercanas a la esclavitud en la provincia de Castellón. Las víctimas realizaban jornadas de hasta 13 horas en el campo, sin contrato, sin apenas salario y hacinadas en viviendas sin agua ni luz.
La operación, denominada “Balarama”, ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Hay siete personas detenidas, dos de ellas ya en prisión.
Jornadas de hasta 13 horas y sin sueldo real
Los trabajadores eran obligados a realizar largas jornadas en el sector agrícola, principalmente en la recolección. En muchos casos, trabajaban entre 12 y 13 horas al día, incumpliendo no solo con el límite de jornada diaria, sino también con los descansos a los que tienen derecho los trabajadores.
Además, el salario era prácticamente inexistente. De lo poco que cobraban, la red descontaba gastos por alojamiento, transporte o comida, dejando a las víctimas sin ingresos reales.
Además, no tenían contrato de trabajo ni documentación legal, lo que aumentaba su vulnerabilidad y dificultaba que pudieran denunciar la situación.
Captados con falsas ofertas de empleo
La red criminal captaba a las víctimas en sus países de origen, principalmente Nepal, Pakistán, Senegal y países árabes. Utilizaban redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales para difundir ofertas de empleo falsas en España.
Les prometían sueldos dignos, alojamiento y buenas condiciones laborales. Sin embargo, al llegar a España, la realidad era completamente distinta.
Además, se les generaba una deuda por el viaje que luego se utilizaba como mecanismo de control y coacción.
Hacinados en viviendas sin condiciones básicas
Las víctimas vivían en condiciones extremas. Estaban alojadas en viviendas hacinadas, algunas sin suministros básicos como agua o electricidad.
En total, se han identificado hasta cuatro viviendas en Nules donde se concentraba a los trabajadores.
El control sobre ellos incluía amenazas, coacciones e incluso agresiones, creando un clima de miedo constante que impedía cualquier intento de huida.
Una red organizada para explotar trabajadores
La organización funcionaba de forma estructurada. Unos miembros se encargaban de captar a las víctimas, otros de gestionar su traslado y alojamiento, y un tercer grupo controlaba el trabajo y los beneficios.
Los principales responsables eran un matrimonio que utilizaba empresas y estructuras legales para aparentar legalidad mientras evitaban pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.
La red operaba en varias comarcas de Castellón y Valencia, aunque su base principal estaba en Nules.
80 víctimas liberadas y siete detenidos
En total, han sido liberadas 80 personas (77 hombres y 3 mujeres), de entre 20 y 35 años. La investigación ha incluido cinco registros domiciliarios.
Las víctimas están siendo atendidas por organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, mientras continúa el proceso judicial contra los detenidos, que se enfrentan a graves delitos penales por trata de seres humanos y explotación laboral, además de posibles responsabilidades laborales por salarios y cotizaciones impagadas.