El Gobierno no tendría más tiempo para convencer a Bruselas de que las medidas planteadas para frenar el abuso de temporalidad en el empleo público son suficientes. Los representantes de los interinos aseguran que la Comisión Europea les comunicó este jueves que España no tiene concedida la prórroga hasta marzo de 2027 solicitada por Función Pública y que ahora estudiará la documentación presentada antes de decidir si lleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La información salió de la reunión mantenida en Madrid entre representantes de la Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad y responsables de la Representación de la Comisión Europea. El encuentro se produjo mientras empleados públicos temporales se concentraban frente a la sede comunitaria para reclamar que Bruselas dejara avanzar el procedimiento abierto contra España.
Según explicaron después los representantes de los trabajadores, el mensaje recibido fue que “no hay ninguna prórroga” concedida al Gobierno. La Comisión analizaría ahora la documentación que España entregó dentro del plazo y, según la información trasladada a las asociaciones, ese trabajo podría prolongarse durante unos tres o cuatro meses antes de decidir si el expediente llega al TJUE.
Por ahora, la Comisión Europea no ha hecho pública una nueva decisión sobre la petición española de ampliar el plazo. Función Pública también remite a Bruselas para conocer oficialmente qué respuesta ha recibido su solicitud. Por tanto, lo conocido hasta ahora procede de los representantes de los interinos que participaron en la reunión.
Bruselas tiene que decidir ahora si lleva a España ante el TJUE
El encuentro cambia el escenario que existía antes de la concentración. Un día antes, los interinos habían reclamado a Bruselas que no concediera más tiempo al Gobierno y llevara el procedimiento ante el TJUE. Tras la reunión del jueves, las asociaciones aseguran que la ampliación solicitada por España no está concedida y que el expediente continúa abierto.
El origen de este nuevo episodio está en el dictamen motivado que la Comisión Europea envió a España el pasado 29 de abril. Bruselas consideró que la legislación española seguía sin proteger suficientemente a determinados empleados públicos frente al uso abusivo de sucesivos contratos temporales y dio al Gobierno dos meses para adoptar medidas y responder a sus exigencias. Si la respuesta no era suficiente, la Comisión podía llevar el procedimiento ante el TJUE.
El Gobierno solicitó después ampliar ese plazo hasta marzo de 2027 para preparar nuevas medidas junto a las comunidades autónomas y las entidades locales. Entre los cambios planteados aparecen sistemas de alerta para detectar puestos temporales que se prolonguen durante años y posibles sanciones cuando se produzcan irregularidades en la contratación.
Función Pública calcula que menos de 200.000 empleados públicos estarían en situación de abuso dentro de un colectivo que supera los 900.000 temporales, aunque otras estimaciones elevan considerablemente el número de afectados. La diferencia depende, entre otros factores, de qué trabajadores entran en el recuento y qué situaciones de temporalidad se consideran abusivas.
Qué puede pasar ahora con el expediente de los interinos
La falta de una prórroga concedida no significa que España vaya a ser llevada de forma inmediata ante el TJUE. La Comisión debe analizar primero la documentación presentada por el Gobierno y decidir si las medidas planteadas responden a las exigencias que hizo a España por el abuso de temporalidad en el empleo público.
Si Bruselas considera que la respuesta sigue siendo insuficiente, puede llevar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según trasladaron los representantes de los interinos después de su reunión con la Comisión, este análisis podría prolongarse durante tres o cuatro meses, por lo que el siguiente movimiento queda ahora en manos de las autoridades europeas.
Los interinos alertan de 626,6 millones de euros en juego
La presión sobre el Gobierno no termina en el posible envío del expediente al TJUE. Las asociaciones de interinos también advierten de que España podría perder definitivamente 626,6 millones de euros del Plan de Recuperación relacionados con las medidas para reducir la temporalidad en el empleo público.
Según la Coalición Líneas Rojas, el plazo vinculado a estos fondos terminó el pasado 31 de agosto sin que España hubiera cumplido las exigencias europeas sobre las medidas para sancionar el abuso de la contratación temporal. La organización reclama que los 626,6 millones permanezcan suspendidos mientras no exista una respuesta que repare a los trabajadores afectados.
La advertencia económica se suma así a la presión que ya existe sobre el Gobierno por el procedimiento europeo. Tras la reunión celebrada este jueves, los representantes de los interinos aseguran que España no tiene concedida la prórroga hasta marzo de 2027 y que Bruselas estudiará ahora la documentación presentada antes de decidir si lleva el caso ante el TJUE.