Más de 100 funcionarios interinos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tienen marcado el próximo 31 de agosto de 2026 como su último día de trabajo. Función Pública ha dado instrucciones para que finalicen sus nombramientos apenas una semana después de comunicar la decisión al organismo, según ha informado UGT.
Los trabajadores afectados prestan servicio en programas vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y su Adenda, por lo que sus nombramientos estaban ligados a la duración de estos programas. El problema para el SEPE es que, aunque el 31 de agosto termina el plazo para cumplir los objetivos previstos en el Plan, parte del trabajo necesario para cerrarlo continuará durante septiembre.
Esta diferencia entre el final de los programas y las tareas que todavía quedan pendientes ha llevado al SEPE a solicitar que los nombramientos puedan mantenerse al menos hasta el 30 de septiembre. La petición no ha recibido por ahora una respuesta favorable y, mientras Función Pública no autorice la ampliación, los ceses continúan fijados para el último día de agosto.
El 31 de agosto marca el final de los nombramientos
La instrucción recibida por el SEPE parte de un informe emitido por la Abogacía General del Estado el pasado 20 de agosto, según recoge el comunicado de UGT, cuyo criterio vincula la duración de estos nombramientos con los límites temporales de los programas para los que fueron incorporados. Una vez alcanzado ese límite, desaparece la causa extraordinaria que permitió mantener estos puestos temporales.
El 31 de agosto es la fecha que marca el final de estos nombramientos, ya que según la documentación publicada por la Comisión Europea sobre el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecen que los objetivos deben estar completados como máximo ese día. El calendario europeo, sin embargo, permite que las solicitudes finales de pago y la documentación necesaria para evaluarlas se presenten hasta el 30 de septiembre de 2026.
El SEPE considera precisamente que ese trabajo pendiente durante septiembre justifica mantener temporalmente a los funcionarios afectados, ya que todavía deben realizarse actuaciones relacionadas con las solicitudes finales de pago y con la documentación necesaria para cerrar el mecanismo. Por este motivo, el organismo ha pedido que se permita prolongar los nombramientos durante un mes más.
La petición no modifica de momento las instrucciones recibidas y, si Función Pública no acepta la ampliación antes de que termine agosto, más de 100 funcionarios interinos cesarán el día 31. Las tareas posteriores vinculadas a estos programas tendrán que continuar entonces sin estos trabajadores.
Las vacaciones pendientes se pagarán si no pueden disfrutarse
La proximidad entre la comunicación de la decisión y la fecha prevista para los ceses afecta también a los días de descanso que todavía tengan pendientes los trabajadores. Las instrucciones recogidas por UGT establecen que las vacaciones deberán disfrutarse antes del 31 de agosto siempre que sea posible y que los días que no puedan utilizarse antes de finalizar el nombramiento serán abonados en el finiquito.
Los días de asuntos propios reciben un tratamiento diferente, ya que también tendrán que disfrutarse antes de que termine el nombramiento, pero aquellos que queden pendientes no serán compensados económicamente.
La salida vuelve a reducir una plantilla que UGT cifra en unos 7.200 trabajadores
La pérdida de más de 100 empleados llega además a un organismo cuya plantilla apenas alcanza actualmente los 7.200 efectivos, según las cifras facilitadas por UGT. El sindicato considera que serían necesarios alrededor de 11.600 trabajadores para cubrir la relación de puestos necesaria para las tareas que desarrolla el SEPE, una diferencia de más de 4.000 efectivos respecto a esa estimación.
La preocupación expresada por UGT no se limita al número de personas que abandonarán el organismo, ya que los trabajos asociados a estos programas no desaparecen necesariamente cuando terminan los nombramientos. Incluso en el caso de que Función Pública permita mantener a los interinos hasta finales de septiembre, el sindicato advierte de que las tareas posteriores tendrán que repartirse entre el resto de la plantilla.
El SEPE ya ha atravesado reducciones importantes de personal temporal en los últimos años. En 2021, la salida de más de 1.600 trabajadores interinos redujo de forma importante la plantilla después del refuerzo realizado durante la pandemia, en un momento en el que las oficinas todavía soportaban una elevada carga de trabajo.
Aunque aquellos nombramientos respondían a unas circunstancias diferentes de las actuales, el efecto sobre la organización del trabajo puede volver a plantear el mismo problema. Los empleados temporales dejan sus puestos mientras determinadas tareas permanecen y deben ser asumidas por quienes continúan trabajando en el organismo.
El cese llega con el empleo temporal público de nuevo en el foco
La salida de estos trabajadores se produce además en un momento en el que las administraciones siguen tratando de reducir el empleo temporal prolongado. Función Pública calcula que casi 200.000 empleados públicos temporales llevan más de tres años en esta situación y trabaja con las comunidades autónomas en nuevos controles para detectar posibles casos de abuso.
Esos datos generales no permiten considerar que los más de 100 interinos del SEPE afectados por estos ceses se encuentren en esa misma situación. Sus nombramientos están vinculados a programas concretos del Plan de Recuperación y sería necesario conocer las circunstancias individuales de cada trabajador para determinar si existe alguna consecuencia jurídica más allá de la finalización del nombramiento.
El debate sobre los derechos de los empleados públicos temporales alcanza también a las compensaciones económicas que pueden corresponder en determinados supuestos. El Tribunal Supremo tiene pendiente revisar si determinados interinos anteriores a 2021 pueden recibir una indemnización de 20 días por año trabajado, aunque esa situación no puede trasladarse automáticamente a los trabajadores afectados ahora en el SEPE.
Para este grupo de más de 100 funcionarios, la situación inmediata depende de la respuesta que reciba el organismo en los próximos días. Si Función Pública no acepta la petición del SEPE para prolongar los nombramientos hasta el 30 de septiembre, todos ellos dejarán sus puestos el 31 de agosto, pese a que durante septiembre todavía habrá trabajo relacionado con el cierre del Plan de Recuperación.