El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá ya anunció que a principios de año el IMV será revisado para su posterior modificación para que llegue a más personas.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que el Gobierno puso en marcha a mediados de junio con el objetivo de unificar las prestaciones no contributivas y asegurar unos ingresos mínimos a las personas que carecen de ellos.
Una prestación que venía a ser como un medio de salvación para los más vulnerables ante la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus, sin embargo la realidad dista mucho de los planes iniciales del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que anunció que esta prestación a final de año llegaría a 850.000 familias, por el momento solo la están cobrando 160.000.
Durante estos meses se ha ido modificando, uno de los requisitos que más solicitudes ha «echado para atrás» era que se tomaba como referencia los ingresos del año pasado (2019) y no los del año vigente a la presentación de la solicitud, por lo que muchas personas que el año pasado estaban trabajando y ahora están desempleados y sin ningún tipo de derecho a alguna prestación, veían como su solicitud era desestimada por exceder la Renta.
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El Gobierno tomó nota y ya ha modificado este requisito, a partir de ahora se toma como referencia los meses previos a la presentación de la solicitud.
A pesar de las modificaciones realizadas, todavía siguen surgiendo problemas y es que se está penalizando a las familias que cobran una ayuda económica a la dependencia. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social considera que estas ayudas a la dependencia son un ingreso y por tanto deben computarse a la hora de calcular la cuantía final.
De tal modo que una persona dependiente termina cobrando una cantidad menor que otra en la que no se produce esta circunstancia, aunque ambas tengan la misma situación económica.
Desde Asuntos Sociales lamentan esta situación que consideran que es un agravio comparativo que se está produciendo en todas las comunidades, ya que estas ayudas a la dependencia son una subvención pública y directa que las propias administraciones dan a estas familias, pero la Seguridad Social las computa como si fuesen un ingreso más.