El Tribunal Supremo permite que se anulen los ERTE de las empresas que sean inviables

El Tribunal Supremo ratifica lo establecido en la Audiencia Nacional que considera que en situación de extrema gravedad un ERTE no sirve para solucionar sus problemas.

El Tribunal Supremo ha confirmado en una sentencia  de la Audiencia Nacional de 2017 donde se condenaba a una compañía a devolver al Estado los ERTE que han cobrado sus empleados.

Según el tribunal, una empresa con problemas estructurales que la hacen inviable, no pueden servirse de los ERTE, ya que no sirve para solucionar sus problemas,  debido a que está abocada a su liquidación.

A pesar de que esta sentencia hace referencia a un caso antes de la pandemia del coronavirus, abre la puerta a que puedan anularse los Expedientes de Regulación Temporal en el caso de que se detecte que la empresa es inviable.

Problemas estructurales, pero no coyunturales

La Audiencia Nacional determinó que la empresa tenía problemas estructurales, no un problema coyuntural que podría resolverse aligerando la plantilla de forma temporal, por lo que el ERTE se produjo en fraude de ley.

La empresa endosó al SEPE los costes salariales de sus trabajadores sin tener ninguna posibilidad de superar una situación coyuntural. La situación de la compañía era tan grave que estaba condenada a su liquidación.

Negociación de los ERTE.

Gobierno y agentes sociales se han reunido este lunes en su segunda toma de contacto, donde parece ser ambas parte han avanzado para llegar a un acuerdo, un acuerdo que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz espera que se firme esta misma semana para reducir la incertidumbre de las empresas como paso en la anterior prórroga.

CEOE pide que se pueda despedir sin devolver las ayudas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelvo a poner sobre la mesa de las negociaciones que las empresas acogidas en ERTE pueden despedir sin tener que devolver las ayudas por ERTE, es decir, no ve coherente que por tan solo despedir un trabajador se tenga que devolver todas las exoneraciones a la Seguridad Social y no solo la de ese trabajador despedido.

El sector textil pide al Gobierno que le ayude a despedir

 

 

 

 

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