El Gobierno quiere mejorar el acceso y además ofrecerá los beneficiarios itinerarios de integración laboral.
El Gobierno una vez más modificará el Ingreso Mínimo Vital, su media estrella durante la pandemia que no ha terminado de funcionar como se esperaba en un principio.
Una inversión de 298 millones de euros.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno aborda el futuro de prácticamente todas las políticas estatales. Entre ellas se encuentra el Ingreso Mínimo Vital. Según indica la ficha o componente correspondiente a esta prestación, creada en junio de 2020 durante para frenar los efectos de la pandemia en los más vulnerables, antes de que acabe 2021 se tomarán medidas para aumentar su acceso e, incluso, la cuantía para las familias con hijos en riesgo de exclusión.
La intención del Gobierno con esta medida no es otra que reducir la pobreza infantil. Para ello mejorará el acceso a esta prestación de la Seguridad Social, elevando los umbrales máximos de renta que permiten percibirlo.
Como consecuencia de esto, la cuantía que percibirán los beneficiarios también se elevará.
En su presentación, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá explico que esta prestación viene a dotar de unos ingresos mínimos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas.
3.000 euros de presupuesto.
Esta prestación cuenta con una dotación anual de 3.000 millones de euros. Por el momento la cobran algo más de 200.000 hogares, aunque el objetivo marcado desde su puesta en marcha es que llegue a 850.000 hogares.
Más de la mitad de las solicitudes son rechazadas.
Uno de los motivos por los que el Gobierno quiere realizar este cambio y elevar las rentas de acceso es porque la mitad de las solicitudes rechazadas son por esta causa.
Más medidas para el IMV.
El Ejecutivo también apuesta por que el IMV sea la base para desarrollar un nuevo modelo de prestaciones no contributivas del Estado.
Para la segunda mitad de 2022 promete una reorganización, simplificación y rediseño del mismo, con una «visión integral y para mejorar los niveles de cobertura y ejecución».
De igual forma, también se quiere implementar medidas de acompañamiento a los beneficiarios de esta prestación, con el objetivo de que se reinserten en el mundo laboral.
Llevar a cabo estas medidas supondrá según lo presentado por el Gobierno un coste de 298 millones de euros que procederán de los fondos europeos.