Los ERTEs son el gran quebradero de cabeza que lleva arrastrando el Gobierno, desde que puso en marcha esta medida durante el confinamiento con el objetivo de evitar la perdida del empleo, antes los efectos negativos de la pandemia del coronavirus que obligo a muchas empresas a bajar la productividad o bien cerrar echar el cierre de forma temporal como en el caso de la hostelería.
Esta medida fue acogida por muchas empresas que provocaron un colapso en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la alta demanda de solicitudes, esto junto con la falta de personal y un sistema de tramitación no actualizado, provocó lo que a día de hoy sigue sucediendo varios meses después, prestaciones impagadas, o mal pagadas, pagando menos cantidad de la que deberían percibir, porque no aplicaron el incremento por hijos a cargo o bien se pagó de más,
Aunque desde el Gobierno se anunció que se está trabajando para arreglar estos errores lo cierto es que todavía siguen sin cobrar cerca de 150.000 trabajadores en ERTE.
El SEPE y los bancos comienzan a reclamar el dinero pagado de más en los ERTEs
A estos problemas también hay que añadir los retrasos que se están dando también para dar de alta en la demanda de empleo a las personas que lamentablemente han perdido su trabajo, dando lugar también a retrasos en la concesión de su prestación por desempleo (paro).
Todo estos problemas está formando un «bola» que cada día que pasa parece que se hace más grande, provocando un autentico caos en las oficinas, con miles de quejas y peticiones de auxilios que siguen llegan al SEPE, colapsando las vías de comunicación.
La situación para muchos trabajadores en ERTE empieza a ser insostenible, teniendo que tirar de los ahorros quien los tenga o llegando incluso a no poder pagar facturas.
Más de 240.000 empresas podrían convertir sus ERTEs en ERES si el Gobierno no adopta nuevas medidas
Los sindicatos siguen exigiendo que se contrate más personal, de lo contrario será imposible poder atender ponerse al día con todas las tramitaciones pendiente.
Algo muy similar está viviendo también la Seguridad Social, tras los datos mostrados en el portal de Transparencia en el que se observa que solo se ha tramitado el 1% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, la medida estrella del Gobierno para paliar los efectos negativos de la crisis del coronavirus y no dejar desamparados a miles de familias que no tienen medios para subsistir.