domingo 14 abril 2024

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Detenidas 52 personas por estafar más de 300.000 € en el cobro de prestaciones del SEPE y del INSS

Realizaban el alta a trabajadores en la Seguridad Social para que estos luego pudieran obtener una prestación o subsidio por desempleo.

La Policía Nacional ha detenido a un total de 52 personas por un delito de fraude en la obtención de prestaciones. Estas detenciones han sido en Albacete (41), Alicante (2), Madrid (4), Málaga (1), Murcia (1) y Valencia (3), según ha comunicado este lunes la Policía.

La cantidad defraudada tanto al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) superarían los 300.000 euros.

Entre los detenidos se encuentran un abogado que, en colaboración con varias personas, montó un entramado de empresas ficticias que no realizaban ninguna actividad, pero que «contrataba» personal para facilitar el cobro del paro a estos falsos trabajadores.

Las detenciones son la culminación de una investigación que comenzó en el mes de mayo tras recibir una denuncia la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se pedía la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares realizadas por una sociedad con actividad en Albacete con el objetivo de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

La empresa estaba registrada, pero no ejerció ninguna actividad económica

Para realizar esta estafa a la Seguridad Social y sobre todo al Servicio Público de Empleo Estatal, se creó una falta empresa, que estaba registrada en el CNAE bajo la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas, pero tras las comprobaciones realizadas se comprobó que no realizaba ninguna actividad económica y que el domicilio social y fiscal se trataba de una vivienda residencial como indicaba la sede electrónica del catastro.

La Policía tomó declaración a varios trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por desempleo, los cuales destaparon la verdadera actividad de esta empresa, cobrar una cantidad de dinero a las personas para darles de alta en la Seguridad Social, con el fin de que cotizaran y luego poder cobrar el paro o bien el subsidio por insuficiencia de cotización.

Más de 30 empresas tenían a su nombre

Tras las labores de investigación no solo se logró identificar a la persona que junto con su mujer figuraba como administrador de esta falsa empresa en Albacete, sino que también se descubrió que eran los administradores de otras 30 sociedades repartidas entre las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia. Muchas de estas compartían la misma actividad económica y además había un nexo común y es que les constaba un mismo abogado de la ciudad de Albacete como tramitador autorizado para realizar las gestiones (autorizado RED) ante la Seguridad Social.

Este abogado ya tenía antecedentes por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y Falsificación Documental y al supuesto administrador también figuraban numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos.

Más de 300.000 euros defraudados en el cobro de prestaciones

Con el alta ficticia a estos falsos trabajadores que pagaban una cantidad de dinero para que fueran dados de alta y así cotizar a la Seguridad Social y tener derecho a prestaciones por desempleo, así como cotizar para la futura jubilación, es como lograban estafar.

Según se ha podido saber, la cantidad cobrada de forma indebida por estos trabajadores en lo que respecta a prestaciones ha sido de más de 304.094 euros.

Consecuencias de defraudar en el cobro de prestaciones

El artículo 307 ter del Código Penal lo deja muy claro: ‘Quién obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante simulación o tergiversación de hechos, o bien la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración, será castigado con la pena de 6 meses a 3 años de prisión‘.

Este mismo castigo también se produce en lo que se conoce como arreglar el paro para cobrar la prestación en el caso de pedir una baja voluntaria.

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