Un trabajador de Casino de Cuenta, mantuvo una conversación por WhatsApp y el representante de la empresa, en la que le mostraba su descontento porque estaba realizando horas extras y no se las estaban pagando y además realizaba funciones superiores a su categoría.
Su despido terminó siendo nulo por vulneración de derecho de indemnidad y, por tanto, además de la readmisión y pagos de salarios de tramitación, la empresa debe pagarle 3.000 euros de indemnización por daños morales.
La empresa reconoce que su despido es por su queja
Con fecha de 12 de septiembre de 2023, el trabajador se dirigió al representante de la empresa para reclamarle que siendo Aspirante Croupier, realizaba funciones de Croupier y no se le estaba pagando como tal. De modo que ante la falta de pago por horas extras y funciones superiores, solo realizaría sus tareas correspondientes. La empresa respondió cuestionando sus afirmaciones y señalando desconocimiento sobre las horas extras realizadas.
Al día siguiente, el 13 de septiembre de 2023, la empresa le entregó la carta de despido disciplinario. En la propia carta, la empresa le indica que la decisión estaba basada en el sorprendente mensaje en la que reclamaba el pago de horas extras y de superior categoría.
En la propia carta de despido, que reconoce la improcedencia del despido y que le abonará la indemnización correspondiente, la empresa le indica que estaba equivocado, pues el 1 de febrero, pasó a la categoría de Croupier.
No tenía razón en que tenía un contrato de inferior categoría a sus funciones
Tras demandar a la empresa, se pudo comprobar que efectivamente estaba reclamando una categoría que la empresa ya le había concedido, pues la empresa presentó la nómina de febrero de 2023, que reflejaba que ese mismo mes había ascendido de categoría profesional lo que supuso una mejora de 60 euros en su nómina y también pasar del grupo de cotización 6 al grupo 5 en la Seguridad Social.
Sin embargo, a pesar de no llevar razón el trabajador en su reclamo, tribunal consideró que el despido vulneró el derecho a la indemnidad, pues este se produjo inmediatamente después de la conversación en la que hizo su reclamación. Es más, en la propia carta de despido la empresa le indica que su despido es debido a esa conversación e incluso le reconoce la improcedencia del despido.
El trabajador tiene una orden de alejamiento con el Casino
A pesar de que el despido es nulo y, por tanto, la empresa debe readmitirlo, su reincorporación quedó en suspenso debido a una medida cautelar que impide al trabajador acercarse al centro de trabajo, derivada de un procedimiento penal.
Debido a esto, en lo referente a los salarios de tramitación, el juez declaró que durante el tiempo que esté en vigor esta orden de alejamiento no generará salarios de tramitación.
El trabajador presentó recurso argumentando que limitar los salarios de tramitación hasta la fecha de la medida de alejamiento era injusto, ya que esta podría durar meses o años, y no se le compensaba adecuadamente. Por ello, solicitó que los salarios de tramitación se concediera desde la fecha de despido hasta su readmisión efectiva.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y la Mancha en su sentencia 1446/2024 rechazó su petición, argumentando que en una relación de trabajo, el salario se justifica únicamente si se presta el servicio, y que en este caso, la falta de prestación no era imputable a la empresa.
De modo que en el caso de haber sucedido el despido, el trabajador con la orden no hubiera podido prestar su servicio y por ello la empresa no tendría que abonarle el salario.
La empresa también presentó recurso
La empresa también presentó recurso para que se declare el despido como improcedente, sin embargo, su recurso solo se basó en la revisión de hechos probados y la valoración de la prueba, argumentando que el juzgador cometió errores en la interpretación de las pruebas, incluyendo comunicaciones por WhatsApp y una posible causa penal que se está llevando a cabo.
Sin embargo, su recurso fue rechazado al considerar que no cumple con los requisitos formales necesarios, ya que no se especifica si busca la modificación, adición o supresión de hechos probados, ni cita de manera clara las normas infringidas o cómo se verían afectadas por la sentencia.