En el mercado laboral español es muy habitual trabajar en una empresa distinta de aquella con la que tiene firmado su contrato, esto es lo que se conoce como cesión de trabajadores, siempre que esa cesión se realice conforme a la ley.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando una Empresa de Trabajo Temporal pone trabajadores a disposición de una empresa usuaria, o cuando existe una contrata o subcontrata real en la que la empresa contratista organiza el trabajo y asume el riesgo empresarial.
El problema surge cuando esa cesión no cumple los requisitos legales y una empresa se limita a poner trabajadores a disposición de otra que es la que realmente dirige el trabajo. En estos casos estamos ante una cesión ilegal de trabajadores, una práctica expresamente prohibida por la normativa laboral.
La cesión ilegal de trabajadores es más habitual de lo que parece y muchas veces los trabajadores no se dan cuenta.
Qué establece el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores sobre la cesión de trabajadores
El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores establece, entre otras cuestiones, que:
- Solo las ETT pueden ceder trabajadores legalmente.
- Existe cesión ilegal cuando el contrato entre empresas se limita a una mera puesta a disposición de trabajadores.
- Ambas empresas, la cedente y la cesionaria, responden solidariamente de las obligaciones laborales y de Seguridad Social.
Este artículo es el que utilizan tanto la Inspección de Trabajo como los tribunales para declarar la ilegalidad de estas situaciones.
Qué es la cesión ilegal de trabajadores y cuándo se produce
La cesión ilegal de trabajadores se produce cuando una empresa contrata a una persona trabajadora, pero no ejerce realmente las funciones propias de un empleador, limitándose a ponerla a disposición de otra empresa que es la que organiza, dirige y controla el trabajo diario.
El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores establece que la contratación de trabajadores para cederlos a otra empresa solo es legal en supuestos muy concretos, como ocurre con las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) debidamente autorizadas. Fuera de estos casos, la cesión está prohibid y, por tanto, es ilegal.
Para determinar si existe cesión ilegal, la ley y la jurisprudencia analizan una serie de indicios. Entre los más relevantes se encuentran los siguientes:
- Las órdenes diarias las da la empresa donde se presta el servicio.
- El horario, la jornada y las vacaciones los fija la empresa cesionaria.
- El trabajador utiliza herramientas, equipos o uniformes de la empresa donde trabaja.
- El trabajador está integrado en la organización de la empresa principal.
- La empresa que figura en el contrato carece de estructura propia o actividad real.
- No ejerce funciones de dirección ni control efectivo sobre el trabajador.
No es necesario que concurran todos estos elementos a la vez. Cuantos más se acrediten, más probable será que un juez declare la existencia de una cesión ilegal de trabajadores.
Consecuencias de la cesión ilegal de trabajadores
La declaración de una cesión ilegal de trabajadores puede tener consecuencias muy relevantes y, en muchos casos, favorables para la persona trabajadora, con independencia de que exista o no un despido.
Cuando un juez reconoce la existencia de cesión ilegal, el trabajador adquiere una serie de derechos específicos, entre los que destacan los siguientes:
- El derecho a optar por adquirir la condición de trabajador fijo en la empresa cedente o en la empresa cesionaria, es decir, en aquella para la que realmente prestaba servicios.
- El reconocimiento de la antigüedad desde el inicio real de la prestación de servicios.
- El derecho a percibir las mismas condiciones salariales y laborales que el resto de trabajadores de la empresa elegida.
- La posibilidad de reclamar las diferencias salariales que correspondan, con el límite general del plazo de prescripción.
Estas consecuencias se aplican con carácter general, pero presentan algunas particularidades cuando la cesión ilegal se produce en el ámbito del sector público.
Cesión ilegal de trabajadores en la Administración Pública
La cesión ilegal de trabajadores en la Administración Pública es una situación frecuente en servicios externalizados y también puede ser declarada por los tribunales.
En estos casos, la declaración de cesión ilegal no convierte al trabajador en funcionario ni en personal fijo de la Administración. En su lugar:
- El trabajador adquiere la condición de personal laboral indefinido no fijo.
- No accede a la condición de funcionario ni de personal laboral fijo.
- La relación laboral puede extinguirse cuando la plaza se cubra conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Cesión ilegal de trabajadores y despido: qué ocurre en la práctica
La relación entre cesión ilegal de trabajadores y despido es especialmente relevante, ya que muchas situaciones de cesión ilegal salen a la luz precisamente cuando el trabajador es despedido.
Cuando un trabajador es despedido mientras se encuentra en una situación de cesión ilegal, los tribunales analizan quién ejercía realmente las funciones de empleador. A partir de ahí, las consecuencias pueden ser muy relevantes para el trabajador.
La existencia de una cesión ilegal no depende de que el despido sea declarado procedente, improcedente o nulo. Lo determinante es identificar qué empresa actuaba como verdadero empleador y, por tanto, cuál debe asumir las consecuencias del despido.
Si se declara la cesión ilegal, la responsabilidad recae en la empresa para la que se prestaban realmente los servicios, ya que es esta la que ejercía la dirección y el control del trabajo. En consecuencia, será dicha empresa la que deba optar entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de ambas empresas. Si el despido es declarado nulo, pues será esta empresa la que tenga que readmitir al trabajador ya abonarle los salarios de tramitación.
Ejemplos reales de cesión ilegal de trabajadores reconocidos por los tribunales
La cesión ilegal de trabajadores no es una cuestión teórica. Los tribunales españoles la reconocen con frecuencia cuando se acredita que una empresa se limita a poner trabajadores a disposición de otra.
Un ejemplo claro es el de un informático externalizado que fue despedido tras finalizar la contrata entre dos empresas. Aunque su contrato lo tenía firmado con una consultora, los tribunales concluyeron que quien realmente dirigía su trabajo era la empresa cliente, que le asignaba tareas, le proporcionaba los medios y ejercía el control funcional.
Como consecuencia, el despido fue declarado improcedente y el trabajador obtuvo una indemnización superior a 43.000 euros, que tuvo que asumir la empresa para la que realmente trabajaba, y no la que figuraba formalmente como empleadora.
También en el ámbito del sector público se han reconocido situaciones de cesión ilegal. En el caso de dos trabajadores que prestaban servicios en la Agencia EFE, aunque estaban contratados por otra empresa, se acreditó que trabajaban en sus instalaciones, utilizaban sus medios y recibían órdenes directas de EFE.
El Tribunal Superior de Justicia obligó a la agencia a integrarlos en su plantilla como indefinidos no fijos y a abonarles más de 20.000 euros en diferencias salariales, respondiendo solidariamente ambas empresas.
Estos casos muestran que, cuando una empresa dirige realmente el trabajo y utiliza a otra como intermediaria, los tribunales suelen declarar la existencia de cesión ilegal y proteger los derechos del trabajador.
Qué puede hacer un trabajador si sospecha una cesión ilegal
Un trabajador que sospeche que se encuentra en esta situación puede:
- Denunciar ante la Inspección de Trabajo, incluso de forma confidencial.
- Reclamar judicialmente el reconocimiento de la relación laboral real.
- Impugnar un despido frente a ambas empresas.
Si una empresa solo te contrata para “colocarte” en otra que es la que realmente manda, la ley te protege. La cesión ilegal de trabajadores no es una práctica tolerada y los tribunales lo están dejando claro.