El Gobierno ha aprobado este martes, 20 de octubre, dos reales decretos que endurecen los límites de exposición al amianto, al plomo y a otras sustancias químicas peligrosas en el trabajo. Las nuevas medidas afectan especialmente a sectores como la construcción, la industria y la fabricación de baterías, donde los empleados pueden entrar en contacto con materiales capaces de provocar enfermedades graves.
Entre los cambios destaca la reducción del 90% del límite de exposición al amianto y el reconocimiento de tiempos de aseo dentro de la jornada laboral para los trabajadores expuestos a sus fibras. También se refuerzan la formación obligatoria, los equipos de protección y los controles sobre las empresas que realizan estas actividades.
La decisión llega después de que la Comisión Europea advirtiera a España el pasado mes de julio de que debía adaptar su legislación para mejorar la protección frente al amianto. Bruselas dio un plazo de dos meses para corregir el retraso y avisó de posibles sanciones si el incumplimiento continuaba.
El Gobierno reduce un 90% el límite de exposición al amianto
La reforma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, adapta la legislación española a dos directivas europeas que buscan reducir los riesgos derivados del contacto con sustancias cancerígenas y otros productos químicos perjudiciales para la salud.
El cambio más destacado afecta al amianto, un material cuya utilización está prohibida en España, pero que todavía permanece en numerosas construcciones e instalaciones antiguas. Su presencia obliga a extremar las precauciones cuando se realizan trabajos de mantenimiento, rehabilitación o demolición.
Hasta ahora, la normativa fijaba un límite de exposición de 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire durante una jornada de ocho horas. Con la reforma aprobada, ese valor se reduce a 0,01 fibras por centímetro cúbico, lo que supone rebajar diez veces la concentración máxima permitida.
La modificación también afecta a la manera de medir estas partículas, ya que las nuevas exigencias incorporan la microscopía electrónica y el recuento de fibras de diámetro inferior a 0,2 micrómetros, con el objetivo de mejorar la detección del amianto presente en el ambiente laboral.
Estos cambios buscan reducir la exposición de los profesionales que trabajan con materiales que contienen amianto, cuyas fibras pueden provocar enfermedades respiratorias graves y distintos tipos de cáncer incluso muchos años después de haber estado en contacto con ellas.
Los trabajadores tendrán tiempo para asearse dentro de su jornada laboral
Junto a los nuevos límites, el Gobierno ha reforzado las medidas de higiene para quienes realizan trabajos con riesgo de exposición al amianto. Una de las novedades es el reconocimiento de al menos diez minutos antes de cada comida y otros diez antes de abandonar el trabajo para realizar las tareas de aseo personal.
Este tiempo estará incluido dentro de la jornada laboral y permitirá a los empleados limpiarse antes de comer o regresar a casa. La medida busca evitar que las fibras peligrosas permanezcan en la piel, la ropa o los equipos utilizados durante la actividad.
La reforma también refuerza la formación teórica y práctica que deben recibir estos profesionales, así como las exigencias sobre los equipos de protección respiratoria. Las empresas tendrán que adaptar sus procedimientos para reducir el contacto con las fibras durante los trabajos.
Las empresas tendrán más obligaciones y deberán conservar los registros durante 40 años
Los cambios aprobados también afectan a las empresas que realizan actividades con riesgo de exposición al amianto. Los planes de trabajo deberán comunicarse a la autoridad laboral con una antelación mínima de siete días hábiles, mientras que la Administración dispondrá de un plazo de 45 días para resolver sobre su aprobación.
La normativa refuerza además el seguimiento de los trabajadores que hayan estado expuestos a estas sustancias. Las empresas deberán conservar los expedientes y registros relacionados con la exposición durante al menos 40 años desde que esta haya finalizado.
El objetivo es mantener la información sobre las condiciones en las que trabajaron los empleados, ya que algunas enfermedades relacionadas con el amianto pueden aparecer décadas después. También se refuerza la obligación de registrar los casos de origen laboral diagnosticados por personal sanitario.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) será el encargado de mantener una base de datos pública de empresas autorizadas para realizar estos trabajos y de actualizar la guía técnica de prevención.
Estas medidas forman parte de la actualización de la normativa española de seguridad laboral, cuyo alcance ha detallado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su comunicación oficial tras la reunión del Consejo de Ministros.
También se endurecen los límites para el plomo y otras sustancias utilizadas en la industria
El segundo real decreto aprobado por el Gobierno se centra en el plomo y sus compuestos inorgánicos, utilizados en actividades como la fabricación y el reciclaje de baterías, la metalurgia, la minería y determinados trabajos de rehabilitación de edificios.
La exposición a estas sustancias puede perjudicar la fertilidad y afectar al desarrollo de los hijos. Por este motivo, la reforma establece un límite de exposición profesional de 0,03 miligramos por metro cúbico de aire y un valor límite biológico de 15 microgramos de plomo por cada 100 mililitros de sangre.
La nueva regulación también introduce límites para los diisocianatos, unos compuestos químicos empleados en la fabricación de poliuretanos, espumas, adhesivos y otros productos industriales. Estas sustancias están relacionadas con enfermedades respiratorias y problemas de la piel, entre ellos el asma profesional.
Para estos productos se establece un límite de 6 microgramos de NCO por metro cúbico de aire durante una jornada de ocho horas. La medida afecta especialmente a la industria química, las fábricas de muebles y colchones, los trabajos de aislamiento y los talleres de pintura y automoción.
Con la aprobación de ambos decretos, el Gobierno amplía las exigencias de prevención para las empresas y refuerza la protección de los trabajadores que desarrollan su actividad en contacto con sustancias peligrosas. Los nuevos valores y las obligaciones anunciadas deberán aplicarse conforme a los plazos que establezcan los textos definitivos cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.