La Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía), ha puesto una medida que ha hecho alzar la voz a los sindicatos, la contratación de detectives privados para vigilar las bajas médicas de los trabajadores de las ITV andaluzas. Una medida que parece que muchas administraciones públicas están dispuestas a adoptar, como el Ayuntamiento de Fuengirola que también anunció la contratación de detectives privados para este mismo propósito.
El objetivo de esta iniciativa, según la propia administración, es detectar posibles fraudes en las bajas médicas dentro del servicio de Inspección Técnica de Vehículo (ITV).
La decisión ha levantado una oleada de críticas por parte de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que denuncian que se está criminalizando al conjunto de la plantilla y generando un clima de desconfianza.
Un contrato de 242.000 euros y cuatro años de duración
La contratación ha sido formalizada a través de un concurso público que contempla un presupuesto de 242.000 euros (IVA incluido) y una duración total de 48 meses. El contrato está dividido en dos grandes áreas de actuación: por un lado, Andalucía Occidental (Córdoba y Sevilla) y por otro, Andalucía Oriental (Málaga, Jaén, Granada y Almería).
El trabajo de los detectives consistirá en realizar seguimientos personales a trabajadores que se encuentren de baja por incapacidad temporal o permanente, con el fin de comprobar si efectivamente su situación médica se corresponde con las actividades que realizan durante su tiempo de ausencia.
Entre las tareas concretas se incluyen la observación de la vida cotidiana del trabajador, la recopilación de documentación y grabaciones, así como la elaboración de informes previos y finales que podrían derivar en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios internos. Todo el material será confidencial y quedará a disposición exclusiva de Veiasa o, en su caso, de las autoridades competentes.
Un aumento de bajas de las que se presume que muchas son injustificadas
Desde la dirección de Veiasa se justifica la medida ante el creciente número de bajas laborales que, según afirman, podrían estar injustificadas o tener indicios de fraude. En la memoria justificativa del contrato se argumenta que es necesario contar con empresas especializadas en vigilancia y análisis de documentación para recabar toda la información pertinente.
Además, se menciona que esta contratación no es inédita. En ejercicios anteriores ya se habrían realizado acciones similares, aunque con una cuantía económica significativamente menor. Esta vez, la decisión viene acompañada de una clara intención de reforzar la vigilancia.
Los sindicatos denuncian una medida “criminalizadora”
La respuesta sindical no se ha hecho esperar. Las organizaciones UGT y CCOO han expresado su “absoluto rechazo” a la medida, asegurando que “lejos de mejorar la gestión, criminaliza a la plantilla y proyecta una imagen injusta de falta de profesionalidad”.
Ambos sindicatos exigen la retirada inmediata del contrato, y proponen como alternativa el restablecimiento del seguimiento sanitario a través de la mutua, con criterios clínicos, y la implementación de un plan de mejora de la gestión de personal. Denuncian además la falta de diálogo por parte de la dirección de Veiasa y piden una reunión urgente con la Junta de Andalucía.
En palabras de los sindicatos, la administración “coloca el foco en quienes sostienen el servicio” mientras se mantienen otros problemas estructurales sin resolver, como las largas listas de espera para obtener cita en las ITV andaluzas o la deficiente gestión del personal eventual y discontinuo.
Fingir la baja o realizar actividades incompatibles es motivo de despido
Con la contratación de detective, además de reducir el número de bajas fraudulentas, también se vera reducida la plantilla, pues no hace falta decir que simular una baja médica o realizar actividades incompatibles puede ser sancionado con el despido.
En el caso de que se demuestre que estaba fingiendo, además del despido disciplinario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la Mutua pueden exigir la devolución de las prestaciones indebidamente cobradas. Es más, si se demuestra que existió engaño grave, podría constituir un delito de fraude a la Seguridad Social, como el caso de la trabajadora que simuló ser muda durante 16 años.