El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para aumentar las cotizaciones a la seguridad social.
Este pacto se debe a la necesidad del Gobierno de llenar la «hucha de las pensiones» para poder afrontar la avalancha de pensionistas que se avecina en la próxima década. La llamada generación «baby boom» aumentará considerablemente el gasto en los próximos años.
Es por ello que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá planteó la posibilidad de aumentar las cotizaciones. Una opción que tiene el visto bueno por parte de los sindicatos, pero no de la patronal. Los empresarios se desmarcan de esta medida y avisan que tendrá consecuencias negativas sobre el empleo.
¿Cuánto suben las cotizaciones?
El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) acordado entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos UGT y CCOO establece que a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez años se fije una cotización adicional de un 0,6 %. Este aumento en la cotización permitirá nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
En cuanto a quien asumirá esta subida, quedará repartida entre el trabajador y la empresa. Siendo esta última quien asuma la mayoría, el 0,5% y el trabajador un 0,1%.
El ministro ha adelantado que la reforma se materializará en unos meses. Además, ha defendido la medida indicando que la subida de las cotizaciones de un sueldo medio «no llega a dos euros» para los trabajadores y apenas se acerca a los 10 euros para las empresas.
El Gobierno espera recaudar 50.000 millones de euros con esta medida.
Con este aumento de cotizaciones durante un periodo de 10 años, el Gobierno espera «engordar» la hucha de las pensiones. Según sus cálculos ingresarán alrededor de 50.000 millones de euros para 2032.
La hucha de las pensiones se ha quedado vacía con apenas 2.000 millones. Más aún cuando en sus mejores tiempos llego a tener más de 60.000 millones de euros.
Según ha indicado UGT, el mecanismo se incluirá como enmienda al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y garantizará que esta cuota se destine «exclusivamente» a atender las desviaciones en el nivel de gasto. De este modo, según el Ejecutivo, actuará como “válvula de seguridad” del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050.
Se tomará como referencia los informes de Envejecimiento de la Comisión Europea (Ageing Report). Si a partir de 2033 se refleja en ellos una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (el que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).
Claro esta, si no hay una desviación en la senda del gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.