Todo trabajador tiene derecho a hacer huelga sin sufrir represalias por parte de la empresa, de la misma forma reclamar a la empresa derecho como puede ser falta de pago de salario también está protegido por la garantía de indemnidad. En esta caso, un trabajador de una fundición de Bizkaia que llevaba casi 16 años en la empresa acabó despedido de forma disciplinaria acusado de no rellenar los partes diarios de mantenimiento.
Sin embargo, al llevar su caso a los tribunales pudo demostrar que meses antes de su despido había participado en una huelga y reclamado dinero que consideraba pendiente de cobrar y que aunque la empresa alegó desobediencia y pérdida de confianza su despido se trataba de una represalia por ejercer sus derechos.
Así el Tribunal Superior de Justicia del País Casco ha confirmado que su despido es nulo a pesar de que el trabajador incumplió su obligación de entregar los partes, porque considera que estos hechos no justificaban una medida tan grave como el despido. Por tanto, considera que la decisión empresarial fue una represalia por las reclamaciones del trabajador y por ejercer su derecho de huelga y obliga no solo a la empresa a readmitirlo y pagarle los salarios dejados de percibir, también tendrá que indemnizarlo con 10.000 euros por daños morales.
Reclamó 785 euros a la empresa y participó en una huelga
El trabajador prestaba servicios en esta fundición de Bizkaia desde el 1 de febrero de 2007 con un contrato indefinido a jornada completa, trabajando como oficial de primera y con un salario bruto mensual de 3.445,60 euros, con las pagas extraordinarias incluidas.
Entre sus funciones como operario de mantenimiento estaba rellenar diariamente unos partes en los que debía dejar constancia de los trabajos realizados sobre la maquinaria. Estos documentos permitían a la empresa controlar las reparaciones, comprobar las tareas de mantenimiento y conocer el estado de los equipos. La empresa había establecido instrucciones sobre estos registros en 2015 y, en septiembre de 2020, ya había sancionado al empleado con una amonestación por escrito por no cumplimentar uno de los partes pese a las indicaciones de su encargado.
Durante 2022, el trabajador volvió a tener problemas con la empresa, aunque esta vez por motivos económicos y relacionados con las huelgas. El 25 de mayo de 2022, junto con otros compañeros, presentó una reclamación de 785,05 euros porque consideraba que la empresa no había aplicado correctamente una sentencia anterior (STSJ PV 1580/2021) sobre los descuentos salariales realizados durante una huelga del metal. El intento de conciliación celebrado el 10 de junio terminó sin acuerdo.
El empleado también había secundado la huelga convocada durante la negociación del convenio colectivo de la siderometalurgia de Bizkaia. Meses después, el 25 de noviembre de 2022, volvió a dirigirse por escrito a la dirección. En esta ocasión solicitaba revisar las horas de recuperación relacionadas con una huelga de transporte. La empresa no respondió a su petición.
Menos de un mes después de aquella última reclamación, el 22 de diciembre de 2022, el trabajador recibió una carta de despido disciplinario con efectos desde ese mismo día. La empresa le acusaba de haber incumplido de forma reiterada su obligación de registrar los trabajos de mantenimiento durante prácticamente todo el año. El día anterior, su encargado había comunicado a la dirección que el empleado apenas había cumplimentado estos documentos.
En la carta de despido, se detallaba que durante 2022 únicamente había registrado partes correspondientes a 14 días de enero, 11 de febrero y seis de noviembre. También recordaba que conocía las instrucciones y que ya había sido sancionado por un incumplimiento similar en 2020.
La compañía consideraba que la ausencia de estos registros impedía comprobar si se habían realizado determinados trabajos de mantenimiento preventivo. Por ello, calificó su comportamiento como una falta muy grave de desobediencia y abuso de confianza, al amparo del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo del sector.
La Justicia declara nulo el despido por represalias
El trabajador llevó su caso ante la Justicia para impugnar su despido disciplinario solicitando la nulidad del mismo por vulneración de derechos fundamentales, concretamente su derecho a la huelga y el de la garantía de indemnidad. El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao le dio la razón y declaró el despido nulo al apreciar indicios de que la empresa había actuado como represalia por sus anteriores reclamaciones laborales y su participación en la huelga.
Para llegar a esa decisión tuvo en cuenta que buena parte de los incumplimientos utilizados para justificar el despido ya habían prescrito. Además, la empresa no había demostrado una causa suficientemente grave para extinguir el contrato y otros compañeros tampoco rellenaban los partes diarios. De modo que obligaba a la empresa a readmitir al trabajador, pero no a pagarle una indemnización por daños morales a pesar de que el empleado había reclamado una indemnización de 30.000 euros.
Ninguna de las partes estaban satisfechas con el veredicto del Juzgado que presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por un lado, el trabajador reclamaba que se le pagará la indemnización por daños morales y por otro la empresa solicitaba que el despido fuera declarado procedente o en todo caso improcedente.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia STSJ PV 3812/2025, reconoce que el trabajador no entregó determinados partes de mantenimiento, pero señalan que la compañía podía comprobar diariamente si estos documentos se presentaban o no. Por este motivo, rechazan que la empresa pudiera esperar hasta la auditoría de diciembre para empezar a contar los plazos de sanción. Cada parte no entregado era un incumplimiento independiente, de modo que las faltas anteriores al 22 de octubre de 2022 habían prescrito.
Respecto a los hechos posteriores a esa fecha, el tribunal admite que existió desobediencia, pero no considera acreditada una conducta desleal ni una pérdida de confianza que justificara el despido. El convenio colectivo exigía que la desobediencia provocara un perjuicio notorio para la empresa o para los compañeros para poder sancionarla como falta muy grave. Sin embargo, ese perjuicio no quedó demostrado. Los magistrados también tuvieron en cuenta que otros trabajadores tampoco cumplimentaban los partes y que la empresa había permitido durante meses estas prácticas sin sancionarlas. Todo ello impedía justificar la máxima sanción laboral.
Rechaza las alegaciones y descartada la procedencia del despido, al analizar lo ocurrido durante los meses anteriores, el tribunal señaló que el empleado había reclamado cantidades económicas en mayo, participado en una huelga y presentado otra petición por escrito en noviembre. Apenas unas semanas después recibió la carta de despido y esa sucesión de hechos aportaba indicios suficientes de represalia y, por tanto, correspondía a la empresa demostrar que la decisión de despedirlo no guardaba relación con estas reclamaciones ni con el ejercicio del derecho de huelga, algo que la empresa no consiguió acreditar.
De modo que mantuvo la nulidad del despido, pero a diferencia del Juzgado de lo Social, si condenó a la empresa a pagarle una indemnización, aunque no la cantidad que reclamaba el trabajador, en este aso estableció 10.000 euros por daños morales.