El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los denunciantes a conocer las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluso cuando la denuncia presentada haya terminado archivada. Así lo ha confirmado su sentencia 1033/2026 (STS 4085/2026) del 22 de septiembre de 2026, donde el Alto Tribunal establece que el deber de secreto de los inspectores no puede utilizarse como motivo general para impedir el acceso a la información sobre una investigación.
La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, aclara cómo debe aplicarse la Ley de Transparencia cuando una persona solicita conocer qué ha hecho la Inspección de Trabajo tras recibir una denuncia. Los magistrados consideran que las obligaciones de confidencialidad de los funcionarios y el derecho de acceso a la información pública son compatibles, siempre que se respeten los límites establecidos por la ley.
El Supremo aclara que el secreto profesional de los inspectores no impide acceder a la información
El razonamiento del Tribunal Supremo parte del artículo 10 de la Ley 23/2015, que obliga a los inspectores de Trabajo a guardar secreto sobre los datos, informes y antecedentes que conocen durante el ejercicio de sus funciones. Esta obligación también incluye proteger la identidad de quienes presentan denuncias, con el objetivo de evitar posibles represalias.
Sin embargo, los magistrados diferencian entre el deber de confidencialidad que deben cumplir los funcionarios y el derecho de los ciudadanos a solicitar información a la Administración. Según explica la sentencia, la obligación de guardar secreto afecta al comportamiento profesional de los inspectores, pero no convierte automáticamente en secreta toda la documentación de una investigación.
Por este motivo, el Supremo considera que el artículo 10 de la Ley de Inspección de Trabajo no establece unas normas propias de acceso a la información que permitan dejar sin aplicación la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La sentencia recuerda que el derecho de acceso permite conocer documentos y actuaciones que obran en poder de la Administración y que han sido elaborados u obtenidos durante el ejercicio de sus funciones. Cuando se solicita esa información, la Administración debe examinar la petición y justificar los motivos legales que puedan limitar su entrega.
Entre esos límites se encuentran la protección de datos personales, las labores de inspección y control o determinados intereses económicos y comerciales. El Tribunal señala que, cuando sea necesario proteger parte de la documentación, puede facilitarse un acceso parcial mediante la eliminación o anonimización de los datos protegidos.
Presentar una denuncia no impide conocer las actuaciones de la Inspección de Trabajo
La sentencia también analiza el artículo 20.4 de la Ley 23/20115, que regula los derechos de quienes presentan denuncias ante la Inspección de Trabajo. Esta norma establece que el denunciante no adquiere automáticamente la condición de interesado durante la fase de investigación, aunque puede recibir información sobre la tramitación y sus resultados cuando estos afecten a sus derechos individuales o colectivos.
Para el Tribunal Supremo, esa regulación no puede utilizarse para impedir que una persona ejerza el derecho de acceso a la información pública. Los magistrados recuerdan que el artículo 12 de la Ley de Transparencia reconoce este derecho a todas las personas, sin exigir que hayan participado como interesadas en el procedimiento administrativo.
De esta manera, haber presentado una denuncia y no tener la condición de interesado durante la investigación no impide solicitar posteriormente información sobre las actuaciones realizadas. La sentencia aplica este criterio a una investigación que había terminado archivada y reconoce que el acceso a esos datos permite revisar cómo ha actuado la Administración.
El Supremo considera que conocer las actuaciones realizadas facilita el control de las decisiones administrativas y permite comprobar si la Inspección desarrolló las comprobaciones correspondientes antes de cerrar un expediente.
El caso que ha llevado al Tribunal Supremo a reconocer este derecho
La sentencia tiene su origen en una denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo por posibles incumplimientos de la legislación laboral. Después de que las actuaciones fueran archivadas, la persona denunciante solicitó al Ministerio de Trabajo información sobre las comprobaciones realizadas, incluidas posibles visitas, requerimientos y otras actuaciones inspectoras.
También pidió saber si se había comunicado su identidad a la persona denunciada, después de un encuentro que le hizo sospechar que esta conocía quién había presentado la denuncia. Además, solicitó identificar al inspector o subinspector que había intervenido para poder exigir responsabilidades si se hubiera producido alguna actuación irregular.
El Ministerio de Trabajo inadmitió la solicitud en febrero de 2022, al considerar que las normas específicas de la Inspección impedían aplicar el régimen general de transparencia. La persona afectada acudió entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que reconoció su derecho a acceder a la información.
El Ministerio recurrió aquella decisión y el asunto pasó por distintas instancias judiciales y en 2024, la Audiencia Nacional respaldó parcialmente la postura de Trabajo y rechazó el acceso a las actuaciones concretas de la investigación, aunque mantuvo el derecho a conocer la identidad del funcionario actuante.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el Consejo de Transparencia y ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional. La resolución confirma el derecho de acceso reconocido inicialmente y establece que las normas de confidencialidad de la Inspección de Trabajo no pueden desplazar por sí solas la aplicación de la Ley de Transparencia.