UGT y CCOO han reclamado al Gobierno que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba al menos un 7% en 2027, hasta superar los 1.300 euros brutos mensuales en 14 pagas. Los sindicatos consideran que el encarecimiento de la vivienda y el aumento de los precios están reduciendo la capacidad de compra de los trabajadores, por lo que piden una mejora salarial que permita hacer frente al coste de la vida.
La propuesta fue anunciada este martes, 13 de octubre, por los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante una rueda de prensa conjunta para presentar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Ambas organizaciones han vinculado sus reivindicaciones salariales con las dificultades para acceder a una vivienda y han pedido a la patronal que vuelva a negociar subidas para el conjunto de los trabajadores.
Actualmente, el salario mínimo está fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, después del incremento del 3,1% aprobado este año. La propuesta sindical supondría elevarlo hasta unos 1.306 euros mensuales, aunque el Gobierno todavía no tiene ni el informe de los expertos que deberían tenerlo este mismo mes para poder cumplir el objetivo de Yolanda Díaz, dejarlo aprobado antes de las elecciones.
Los sindicatos reclaman una subida del 7% para recuperar poder adquisitivo
El secretario General de UGT, Pepe Álvarez explicó que el incremento aprobado y aplicado en febrero de 2026 se ha quedado por debajo de la evolución de los precios. Para Álvarez existe una diferencia de alrededor dos puntos entre la subida salarial y la inflación, por lo que considera que es necesario que el salario mínimo aumente al menos un 7% el próximo año.
De aceptarse exactamente ese porcentaje, el SMI pasaría de los actuales 1.221 euros a 1.306,47 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supondría un aumento de 85,47 euros por paga. Para quienes tienen las pagas extraordinarias prorrateadas, la cantidad equivalente sería de unos 1.524 euros brutos mensuales en 12 pagas.
En términos anuales, el salario mínimo alcanzaría los 18.290,58 euros brutos, frente a los 17.094 euros actuales, lo que supondría unos 1.196,58 euros más al mes para el trabajador.
La petición supone además un paso más respecto a la posición que CCOO había trasladado semanas atrás, cuando planteaba elevar el salario mínimo más de un 5% en 2027. Ahora, ambas organizaciones coinciden en reclamar un incremento mínimo del 7% y quieren que la mejora salarial se extienda también a los trabajadores que cobran por encima del SMI.
El precio de la vivienda, uno de los principales motivos de la huelga del 11 de noviembre
La exigencia de subir el salario mínimo llega en un momento en el que los sindicatos denuncian que el encarecimiento de la vivienda está dejando sin efecto buena parte de las mejoras salariales. Álvarez advirtió de que el precio de los alquileres y de la vivienda está aumentando más rápido de lo que pueden asumir muchos trabajadores, incluso cuando sus nóminas mejoran.
Durante su intervención, el dirigente de UGT aseguró que «no hay convenio colectivo que resista el impacto que tiene el precio de la vivienda sobre el coste de la vida». Con esta afirmación quiso explicar que las subidas pactadas entre empresas y trabajadores resultan insuficientes cuando una parte cada vez mayor del sueldo debe destinarse a pagar una casa.
Por este motivo, CCOO y UGT han situado la vivienda junto a los salarios y los precios como los tres grandes ejes de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Las organizaciones quieren que la movilización sirva para reclamar medidas que faciliten el acceso a una vivienda asequible y permitan recuperar capacidad de compra.
Entre sus propuestas figura destinar el 1% del PIB anual durante una década a políticas de vivienda, con el objetivo de construir 100.000 viviendas protegidas y asequibles cada año. También reclaman movilizar viviendas vacías, reforzar la protección frente a los desahucios y limitar el uso turístico de los inmuebles en las zonas con mayores problemas de acceso a la vivienda.
Los sindicatos han dirigido sus reclamaciones tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Álvarez y Sordo consideran que las administraciones deben actuar sobre el mercado de la vivienda, mientras que las empresas deben contribuir con subidas salariales que permitan afrontar los gastos cotidianos.
El Gobierno espera el informe de los expertos antes de decidir la subida del SMI
La reclamación sindical llega cuando el Ministerio de Trabajo ya ha iniciado los preparativos para revisar el salario mínimo de 2027. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a la comisión de expertos que presente su informe a finales de octubre o principios de noviembre, con una propuesta que evite la pérdida de poder adquisitivo.
Una vez recibido el informe, el Ministerio de Trabajo convocará a los agentes sociales para abordar la subida. La decisión final corresponde al Gobierno, que puede aprobar el nuevo salario mínimo mediante real decreto, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales.
Sin embargo, los sindicatos no solo quieren aumentar la cantidad mensual, ya que vuelven a reclamar al Gobierno que modifique y proteja los complementos salariales de los trabajadores que son compensados y absorbidos y que dejan sin efecto la subida del salario.