Determinadas Administraciones Públicas y organismos del sector público estarían cesando a trabajadores interinos y retrasando nuevas contrataciones para evitar posibles reclamaciones judiciales. Es la denuncia que ha realizado el Área Pública de CCOO, que acusa a estos organismos de utilizar el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público como argumento para prescindir de personal temporal.
El sindicato habla de «cese fraudulento» y rechaza que la solución al problema de la temporalidad pase por despedir trabajadores o dejar puestos sin cubrir. La denuncia, fechada el 25 de septiembre, no identifica qué Administraciones están llevando a cabo estas actuaciones ni ofrece una cifra de empleados afectados, pero llega pocas semanas después de que cientos de interinos contratados para trabajar en programas vinculados a los fondos europeos tuvieran que abandonar sus puestos en distintos ministerios y organismos públicos.
Mientras cientos de empleados fueron cesados, más de 100 interinos del SEPE consiguieron continuar temporalmente en sus puestos porque todavía quedaban trabajos relacionados con el cierre de los fondos europeos. Los nombramientos de esos trabajadores respondían a unas circunstancias concretas y CCOO no vincula expresamente ambos casos.
CCOO pone el foco en los ceses y en los puestos que se quedan sin cubrir
La denuncia del sindicato apunta a dos actuaciones que se estarían produciendo al mismo tiempo. Por un lado, el cese de empleados interinos. Por otro, el bloqueo o retraso de contrataciones que, según CCOO, siguen siendo necesarias para que los servicios públicos puedan funcionar con normalidad.
CCOO rechaza que estas decisiones puedan justificarse por el temor a futuras demandas de los trabajadores. Durante años, explica el sindicato, las Administraciones han recurrido a personal temporal para cubrir necesidades estructurales mientras se retrasaban ofertas de empleo, procesos selectivos y la cobertura definitiva de las plazas. Por eso considera que la responsabilidad debe recaer en los órganos que no gestionaron esas plazas a tiempo y no en los trabajadores interinos que las han ocupado.
Además, dejar puestos necesarios sin cubrir puede trasladar el problema al resto de la plantilla, con peores condiciones laborales, más dificultades para conciliar y cambios en la organización del trabajo. CCOO advierte de que esa falta de personal acaba afectando también a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
El problema de los interinos va mucho más allá de estos ceses
El problema que denuncia CCOO se produce mientras las Administraciones todavía intentan reducir el elevado número de trabajadores temporales que acumulan años en sus puestos. Función Pública calcula que casi 200.000 empleados públicos temporales llevan más de tres años en esta situación y trabaja con las comunidades autónomas en mecanismos para detectar los nombramientos que se prolongan demasiado y determinar responsabilidades cuando se produzcan abusos.
Superar los tres años, sin embargo, no significa que todos esos trabajadores se encuentren automáticamente en la misma situación jurídica. Hay que tener en cuenta cómo se produjo el nombramiento, qué necesidad estaba cubriendo el empleado y durante cuánto tiempo se ha mantenido. La Administración cuenta actualmente con más de 900.000 empleados temporales, aunque Función Pública considera que solo una parte se encontraría en situaciones de abuso.
Ante este escenario, CCOO rechaza que la reducción de la temporalidad se haga simplemente dejando de contratar o prescindiendo de trabajadores que ocupan puestos necesarios. El sindicato reclama cubrir las necesidades reales de personal y acelerar los procesos selectivos pendientes, además de evitar que desaparezcan plazas necesarias para mantener los servicios públicos.
Parte de esa planificación ya aparece recogida en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, publicado en el BOE en febrero. El documento plantea una planificación plurianual de los recursos humanos que tenga en cuenta las necesidades estructurales de las Administraciones y las jubilaciones previstas, con el objetivo de renovar las plantillas y adaptar las plazas disponibles a las necesidades de cada servicio.
CCOO pide cubrir las plazas y acelerar los procesos pendientes
Frente a los ceses y al freno de contrataciones que denuncia, CCOO reclama que las Administraciones cubran todas las necesidades reales de personal y agilicen los procesos selectivos pendientes. También pide renovar las plantillas, garantizar la promoción profesional y evitar que la reducción de la temporalidad termine suponiendo la desaparición de puestos que siguen siendo necesarios para prestar los servicios públicos.
La denuncia se conoce, además, cuando el empleo público temporal español sigue bajo el seguimiento de las instituciones europeas. Esta misma semana, más de 50 organizaciones de interinos acudieron a Bruselas para reclamar avances en el procedimiento abierto contra España. Según trasladaron después sus representantes, la Comisión Europea les comunicó que España no tiene concedida la prórroga hasta marzo de 2027 solicitada por Función Pública, aunque este procedimiento es independiente de los ceses denunciados ahora por CCOO.