El Gobierno cifra en casi 200.000 los empleados públicos temporales que llevan más de tres años en esta situación y prepara nuevas medidas para evitar que los contratos sigan prolongándose. Función Pública trabaja con las comunidades autónomas en un sistema de alertas para detectar estos casos y estudia también sanciones cuando exista abuso de temporalidad.
Lo cierto es que en las Administraciones Públicas hay más de 900.000 trabajadores sin una relación fija, aunque el Gobierno considera que no todos ellos se encuentra en una situación abusiva. Para saber cuántos pueden estar afectados ha cruzado información de diferentes registros y quiere trasladar el resultado a Bruselas, que lleva años reclamando a España medidas más eficaces.
Una alerta avisará cuando un interino se acerque a los tres años
Una de las medidas en las que trabaja Función Pública consiste en crear un sistema general de alertas que avise a los responsables de personal cuando un trabajador temporal esté próximo a alcanzar los tres años ocupando una plaza, de forma que la Administración pueda actuar antes de que esa situación siga alargándose.
¿Por qué los tres años? Pues porque el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público establece, con carácter generar y con las excepciones recogidas en la propia norma, un máximo de tres años para ocupar interinamente una plaza vacante.
El Gobierno quiere reforzar este control mientras trabaja también para agilizar los procesos de selección. Estos procedimientos pueden prolongarse durante dos años o más, lo que obliga a las Administraciones a recurrir en algunos casos a personal temporal para mantener los servicios mientras las plazas terminan de cubrirse.
El Gobierno estudia sanciones cuando exista abuso de temporalidad
El sistema de alertas no es la única medida que se está preparando y Función Pública estudia también cómo establecer sanciones para los responsables de los abusos en la contratación temporal, una cuestión que ya se está trabajando con las comunidades autónomas.
La dificultad está en determinar quién debe responder en cada caso, pues no es lo mismo mantener durante años una necesidad permanente mediante contratos temporales que recurrir a un trabajador temporal porque un hospital, un colegio u otro servicio público necesita cubrir una plaza y el responsable no dispone en ese momento de otra alternativa.
Función Pública y las comunidades deben definir dónde se sitúa esa responsabilidad y en qué casos podría existir una sanción individual para un gestor de personal. Por ahora, no hay un sistema de sanciones cerrado y las medidas continúan en fase de preparación.
Más de 900.000 empleados públicos son temporales, pero no todos están en abuso
El Gobierno quiere aclarar ante Bruselas cuántos trabajadores realmente sufren abuso de temporalidad en la administración pública, pues no necesariamente tener un contrato temporal significa por sí mismo encontrarse en una situación de abuso. Para acotar esa cifra y ser más precisa ha cruzado datos de la Encuesta de Población Activa, la Seguridad Social y el Registro Central de Personal. Los primeros resultados muestran que el 52,7% de los empleados públicos temporales lleva hasta seis meses contratado y otro 33,2% permanece en esa situación entre seis meses y tres años.
Un 12,2% lleva entre tres y diez años como temporal, mientras que otro 1,9% supera los diez años. Con este reparto, Función Pública calcula que algo menos de 200.000 trabajadores acumulan más de tres años de temporalidad.
El tiempo, sin embargo, no es el único elemento que se tiene en cuenta para hablar de abuso. También importa si el trabajador está realizando de forma estable tareas propias de la actividad habitual de la Administración, si se han superado los límites de duración o renovación y si las sucesivas contrataciones cuentan con una justificación objetiva.
Llevar más de tres años como interino no convierte automáticamente al trabajador en fijo
Para los afectados existe además una diferencia importante entre que se reconozca un abuso de temporalidad y conseguir una plaza fija. Superar los tres años como interino no convierte automáticamente al trabajador en fijo.
El Tribunal Supremo abordó esta cuestión en mayo de 2026 y determinó que no puede adquirirse la condición de fijo si el trabajador no ha superado un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La situación puede ser diferente para los interinos que sí superaron previamente un proceso selectivo pero no consiguieron plaza.
Uno de los casos que acabó llegando a la justicia europea nació de la reclamación de una trabajadora española que había encadenado más de seis interinidades en un centro público de la Comunidad de Madrid. El asunto llegó al Tribunal Supremo y posteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La fijeza tampoco es la única consecuencia posible cuando se acredita un abuso. La legislación introdujo una compensación para determinados interinos al finalizar su relación cuando se han superado los límites legales, y los tribunales han seguido delimitando en qué casos un trabajador puede reclamar una indemnización por el abuso de temporalidad sufrido.
La temporalidad pública sigue alrededor del 32%
Las nuevas medidas llegan después de años de procesos de estabilización. Desde 2021 las Administraciones han ofertado 556.355 plazas para su estabilización, de las que 530.914 ya han sido convocadas. Los datos de Función Pública indican que alrededor de 440.000 plazas ya han sido estabilizadas.
El esfuerzo no ha conseguido acercar todavía la temporalidad al objetivo estructural del 8% fijado en las medidas aprobadas en 2021. A comienzos de 2026, la tasa del conjunto del sector público rondaba el 32%, aunque había bajado desde el 39% registrado en 2023.
Las diferencias entre Administraciones son amplias. En las comunidades autónomas, donde se encuentran servicios con grandes plantillas como la sanidad o la educación, el Gobierno sitúa la temporalidad en el 38,7%. En la Administración estatal, en cambio, el porcentaje se reduce al 4,6%.
Bruselas mantiene la presión sobre España
Detrás de los nuevos controles está también la presión de la Unión Europea a España, advirtiendo de la utilización sucesiva de contratos temporales en el sector público y por la falta de medidas suficientes y eficaces para ponerle freno a este abuso.
La pasividad del Gobierno central para ponerle solución llevó a la Comisión Europea a suspender el pago de 626,6 millones de euros del Plan de Recuperación, vinculados al compromiso de España de adoptar medidas efectivas y disuasorias frente al abuso de temporalidad en el empleo público.
Bruselas volvió a actuar a finales de abril con dos procedimientos relacionados con los trabajadores temporales del sector público. Uno cuestiona que la indemnización prevista actualmente sea suficiente para reparar el daño sufrido por los afectados y el otro aborda la diferencia de trato respecto a los trabajadores temporales del sector privado.
El Gobierno trabaja con las comunidades autónomas en un sistema de alertas para detectar los contratos que se acercan a los tres años, posibles sanciones cuando exista abuso de temporalidad y medidas para agilizar los procesos selectivos. El siguiente paso será definir cómo se aplicarán estos cambios y, especialmente, qué ocurrirá con los trabajadores que llevan años encadenando contratos temporales en la Administración.