Trabajar con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023 empieza a tener consecuencias visibles. Entre enero y junio de 2026, el Gobierno se ha visto obligado a autorizar casi 200 millones de euros en créditos extraordinarios y suplementos de crédito para evitar que las mutuas colaboradoras y varios servicios de la Seguridad Social se quedaran sin recursos suficientes para afrontar su actividad diaria.
La medida no responde a un gasto imprevisto puntual, sino a la necesidad de seguir financiando obligaciones que no podían esperar. El Ejecutivo ha aprobado 39 ampliaciones presupuestarias durante el primer semestre del año para cubrir desde el pago de nóminas hasta gastos corrientes e inversiones que no estaban contempladas cuando se elaboraron las cuentas hace ya tres años.
Los documentos remitidos al Congreso muestran además cómo la situación se ha ido agravando con el paso de los meses. Mientras que entre enero y marzo se autorizaron trece operaciones por valor de 76,16 millones de euros, entre abril y junio fue necesario recurrir a otras 26 ampliaciones que elevaron la factura hasta 121,2 millones.
Las mutuas necesitaban liquidez para pagar salarios y mantener su actividad
Una parte importante de estos fondos terminó en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El motivo principal fue adaptar los créditos disponibles a las sucesivas subidas salariales aprobadas en los últimos ejercicios y afrontar el pago de la paga extraordinaria de verano, además de financiar servicios e inversiones que habían quedado desfasados tras varios años sin nuevos Presupuestos.
Entre las entidades que recibieron mayores aportaciones figura Asepeyo, con 14,3 millones de euros destinados al capítulo de personal. También destacan las ampliaciones concedidas a M.A.Z., Egarsat y Mutua Balear. En el apartado de gastos corrientes sobresalen igualmente los 27,4 millones destinados a Fremap y los 18,15 millones aprobados para Mutual Midat Cyclops.
La propia Seguridad Social también necesitó financiación extraordinaria
La falta de margen presupuestario no afectó únicamente a las mutuas. La Tesorería General de la Seguridad Social recibió un suplemento de crédito de 24,2 millones de euros para hacer frente a transferencias corrientes, mientras que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social obtuvo autorización para gastar otros 20,2 millones adicionales.
Estas cifras reflejan hasta qué punto la prórroga presupuestaria obliga a recurrir constantemente a mecanismos extraordinarios para mantener el funcionamiento ordinario de organismos esenciales para millones de trabajadores y pensionistas.
Un problema que se suma a la delicada situación financiera del sistema
Las ampliaciones de crédito llegan además en un contexto especialmente complejo para las cuentas de la Seguridad Social. El último informe del Tribunal de Cuentas situó su deuda en torno a 106.000 millones de euros al cierre de 2024 y advirtió de la existencia de un déficit estructural superior a 2.677 millones relacionado con la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes que realizan las mutuas colaboradoras.
Mientras no se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo seguirá recurriendo a este tipo de ampliaciones de crédito para evitar que la falta de financiación termine afectando al funcionamiento de organismos que gestionan prestaciones, bajas médicas y otros servicios básicos del sistema de Seguridad Social.