CCOO y UGT han dicho basta. Los dos principales sindicatos del país han dado al Gobierno un plazo de un mes para aprobar un sistema efectivo de control horario y han advertido de que, si la medida no sale adelante antes del próximo 31 de julio, dejarán de negociar nuevos acuerdos con el Gobierno.
Los sindicatos aseguran que están cansados de alcanzar compromiso y que después no terminan convirtiéndose en normas con efectos reales para los trabajadores. Ejemplos claros fueron la reducción de la jornada laboral y luego la modificación del registro horario para eliminar el formato en papel.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno en un comunicado que deje de retrasar una medida que considera imprescindible para garantizar que se cumplen las jornadas de trabajo y que no haya horas extras sin registrar y por supuesto sin pagar o compensar con descanso.
El control horario se convierte en una línea roja para los sindicatos
CCOO y UGT consideran que el registro de jornada no puede seguir esperando. Recuerdan que la reducción de la jornada laboral no salió adelante por la falta de apoyos suficientes en el Congreso, pero defienden que el control horario puede impulsarse por otra vía y depende, en gran medida, de la voluntad del Gobierno.
Para los sindicatos, la puesta en marcha de un sistema más eficaz permitiría reforzar la vigilancia sobre las horas trabajadas y facilitaría la detección de posibles incumplimientos. Además, consideran que la medida es especialmente necesaria durante el verano, cuando sectores como la hostelería, el turismo o el transporte registran un aumento de actividad y se incrementa el riesgo de que se realicen jornadas por encima de lo establecido.
“Si el Gobierno no cumple, nosotros nos levantamos”
La advertencia de los sindicatos va más allá del control horario. Tanto CCOO como UGT reprochan al Gobierno que existan otros acuerdos pendientes de desarrollo y consideran que ha llegado el momento de exigir resultados.
El ultimátum está dirigido al conjunto del Gobierno y marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los agentes sociales. Los sindicatos aseguran que no están dispuestos a seguir firmando compromisos que se queden en el papel y avisan de que, si no hay avances antes de finales de julio, el Gobierno tendrá que afrontar las futuras negociaciones sin su apoyo.