El Tribunal Supremo ha marcado un antes y un después en las inspecciones laborales. A partir de ahora, la Inspección de Trabajo necesitará autorización judicial para entrar en el domicilio social de una empresa, aunque no vaya a registrar documentos.
La decisión llega tras analizar un caso ocurrido en Valencia, donde inspectores, acompañados por la Policía Nacional, accedieron a una empresa sin permiso ni orden judicial.
De modo que el Tribunal Supremo en su sentencia STS 1582/2026, fija doctrina y afectará a las futuras inspecciones en toda España. La Inspección de Trabajo deberá extremar las garantías y pedir autorización judicial en más casos, especialmente cuando el centro de trabajo coincida con el domicilio social.
La ley permite a la Inspección de Trabajo acceder a centros de trabajo sin previo aviso, así lo establece el artículo 13.1 de la Ley 23/2015. Es más, impedir el acceso a los inspectores puede suponer multas que pueden superar los 200.000 euros. Sin embargo, la cosa cambia cuando ese espacio también es domicilio, aunque pertenezca a una empresa.
El Supremo recuerda que el domicilio de las personas jurídicas también está protegido por el artículo 18 de la Constitución Española. Por tanto, exige las mismas garantías. Incluso si no hay registro ni intervención de documentos, la entrada necesita autorización judicial previa.
Una entrada sin permiso que acaba en los tribunales
Los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2024. La Inspección de Trabajo entró en una nave industrial que era a la vez centro de trabajo y domicilio social de una empresa.
Lo hizo sin autorización judicial y sin el consentimiento del titular. Además, la actuación no incluía registros ni incautación de documentos.
La empresa recurrió al considerar que se había vulnerado su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
En un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana avaló la actuación de la Inspección. Argumentó que, al no haber registro, no existía vulneración.
El Supremo corrige: entrar ya vulnera derechos
El Tribunal Supremo ha cambiado ese criterio. Según la sentencia, el derecho constitucional protege tanto frente al registro como frente a la simple entrada. Esto significa que no hace falta revisar documentos para que exista vulneración. Solo entrar sin autorización ya puede ser ilegal.
El alto tribunal señala que la autorización judicial debe obtenerse antes de acceder al domicilio. No es válido entrar primero y justificarlo después.
Solo hay una excepción muy concreta
La sentencia abre una única puerta por la que no sería necesaria autorización si existe una separación física clara entre la zona de trabajo y el domicilio social, y si la inspección se limita exclusivamente a la parte laboral.
Pero en el caso analizado no ocurrió. La Inspección accedió sin delimitar esas zonas ni informar previamente de su alcance.