Tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025 a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, surgió una polémica fiscal: el Ministerio de Hacienda no contemplaba adaptar los tramos del IRPF al nuevo umbral, lo que obligaba a muchos perceptores del salario mínimo a tributar por sus ingresos.
Finalmente, tras meses de negociación interna en el seno del Gobierno, Hacienda ha cedido. El nuevo salario mínimo quedará exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Congreso de los Diputados aprobó esta reforma el martes 10 de junio. El texto pasará ahora al Senado, donde se espera que sea ratificado para su entrada en vigor en 2025.
Deducción directa de 340 euros
La medida se aplicará mediante una deducción directa de hasta 340 euros en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025. Esto significa que las personas que cobren el salario mínimo (16.576 euros anuales) verán reducida su carga fiscal de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales ni requisitos extra.
A partir de esa cifra y hasta los 18.276 euros anuales, la deducción disminuirá progresivamente según la siguiente fórmula: 340 – 0,2 × (Rentas del trabajo – 16.576).
Esto significa que si un trabajador cobra, por ejemplo, 17.000 euros al año, su deducción sería de aproximadamente 291 euros. La ayuda desaparece por completo para ingresos superiores al límite establecido.
Medida impulsada tras tensiones internas en el Gobierno
La propuesta fue promovida por el PSOE y Sumar, aunque no estuvo exenta de controversia dentro del Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió firmemente dejar fuera del IRPF al SMI como forma de alinearse con la Carta Social Europea. Por el contrario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba por mantener el tributo para preservar la «pedagogía fiscal».
Estas diferencias provocaron la presentación de varias iniciativas legislativas paralelas por parte de diferentes grupos, entre ellos Sumar, PP y Podemos. Finalmente, la solución fue incorporar la medida como enmienda en la ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación, ya aprobada por la Comisión de Economía del Congreso con competencia legislativa plena.
Impacto económico cubierto por el Estado
El coste de esta exención será asumido íntegramente por el Estado, lo que garantiza que no se traslade a otras administraciones ni a los contribuyentes. Se trata de una acción que refuerza la progresividad del sistema fiscal y que busca aliviar a los trabajadores con salarios más bajos.