El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha confirmado que una mujer que había estado recibiendo una pensión por incapacidad permanente absoluta (IPA) desde 2003, había estado simulando durante 16 años un mutismo para seguir cobrándola.
Por lo que no solo pierde el derecho a la pensión, también podría ir a la cárcel, ya que el tribunal ha ordenado remitir el caso a un Juzgado de Instrucción, por si los hechos constituyen un delito de fraude a la Seguridad Social, concretamente bajo el artículo 307 ter del Código Penal, el cual sanciona a quienes obtienen prestaciones indebidas mediante engaño con penas de presión de uno a cinco años y multas económicas.
Los detalles del caso
La mujer trabajaba como cajera de supermercado y en 2003, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció a la demandante una incapacidad permanente absoluta, basada en un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático (TEPT) relacionado con una agresión sufrida durante su jornada laboral.
Sin embargo, en 2019 el propio INSS inició un expediente de revisión del grado de incapacidad. Esta revisión, fundamentada en informes médicos y una evaluación por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), concluyó que no existía ninguna limitación funcional ni orgánica objetiva. Incluso se apuntó la existencia de un “cuadro de pseudomutismo por simulación”.
Un detective privado confirmó las sospechas de simulación
Ante la sospecha de simulación, la Mutua solicitó una investigación complementaria a través de un detective privado. Las observaciones del detective fueron claves para confirmar las sospechas de simulación: la mujer, que en consulta médica mostraba una actitud mutista total, fue grabada participando con normalidad en actividades cotidianas como clases de zumba, conversaciones con vecinos, llamadas telefónicas y gestiones en comercios.
Las grabaciones, realizadas los días 27 de noviembre y 3 de diciembre de 2018, mostraron que mantenía conversaciones fluidas con distintas personas, contradiciendo por completo la imagen que proyectaba ante los servicios médicos.
Además, se identificó que desde el año 2003 hasta 2020 no había acudido a revisiones por salud mental en el sistema público, a pesar de que el supuesto origen de su incapacidad era un trastorno psiquiátrico severo. Tampoco figuraba diagnóstico alguno de mutismo o TEPT en su historial clínico oficial.
Recurso desestimado y posible responsabilidad penal
La mujer, no conforme con la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, decidió interponer una demanda. Pero el Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz la desestimó, dando la razón a la Mutua y la Seguridad Social, retirándole el derecho a cobrar su pensión.
La mujer presentó un recurso de suplicación contra esta sentencia en el que solicitaba mantener la condición de incapacitada. No obstante, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia 317/2025 desestimó el recurso por falta de fundamentación procesal suficiente y por no aportar pruebas que modificaran los hechos probados en primera instancia.
Más aún, el Tribunal ha acordado enviar el caso a un juzgado penal para investigar si es verdad que la mujer engañó a la Seguridad Social para cobrar una pensión que no lo correspondía, al considerar que hay indicios serios de que mintió simulando una enfermedad para recibir la prestación.