El reciente despido de un trabajador en la planta de Acerinox en Palmones (Cádiz) ha generado una oleada de indignación entre los empleados y sindicatos. El afectado, un gruista que había sido muy activo durante la huelga de más de cuatro meses que terminó en junio de 2024, ha sido despedido este 16 de septiembre. Los sindicatos consideran que este despido es una represalia por parte de la empresa por su participación en la última huelga que duró cuatro meses y medio en la fábrica.
Tal y como se ha podido conocer, la empresa le entregó la carta de despido disciplinario acusándolo de haber cometido varias infracciones. Algo que llegó de manera inesperada, pues según relatan los trabajadores, se le notificó su despido en la oficina principal de la fábrica sin previo aviso ni posibilidad de realizar alegaciones. Acompañado por dos vigilantes de seguridad, fue obligado a vaciar su taquilla y abandonar las instalaciones inmediatamente. Para los sindicatos, este trato fue humillante y similar al de un «delincuente».
Los motivos que alega la empresa en la carta de despido
La empresa, por su parte, alegó que el trabajador cometió varias infracciones, como tomar descansos excesivos y no cumplir con las normativas de seguridad al no utilizar el equipo de protección individual (EPI). Sin embargo, el sindicato Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) considera estas acusaciones desproporcionadas, señalando que no se le advirtieron tales faltas antes de proceder al despido, y denunciando que las pruebas presentadas, como grabaciones de cámaras de seguridad, violan la normativa laboral que prohíbe la vigilancia de los empleados en áreas de descanso.
Protestas y nuevas movilizaciones
El despido ha despertado el temor entre el resto de la plantilla de que puedan producirse más acciones similares, ya que la empresa podría estar buscando castigar a los empleados que participaron en las protestas. José Antonio Gómez Valencia, portavoz de ATA, ha convocado una asamblea de urgencia a las puertas de la planta, donde denunció el trato hacia el trabajador y advirtió que cualquier empleado podría estar en riesgo de sufrir represalias similares.
Los sindicatos que no firmaron el reciente convenio colectivo están preparando nuevas movilizaciones para exigir la reincorporación del trabajador y evitar más despidos injustificados. La tensión vuelve a escalar en la factoría, poniendo en riesgo la estabilidad laboral tras la tregua alcanzada con el fin de la huelga.
¿Qué pasará con el despido de este trabajador?
Ahora la empresa tendrá que demostrar que el trabajador ha cometido dichas faltas, si no es así el despido será declarado improcedente. Sin embargo, como se ha comentado, la empresa tendría en su poder grabaciones de cámaras de seguridad que confirmen estas faltas, aunque el sindicato asegura que esas grabaciones violan la normativa laboral, por lo que no podrían servir como prueba (incluso si dichas grabaciones confirmaran lo que la empresa dice). En este sentido tenemos ejemplos como el despido improcedente de una trabajadora que fue pillada por las cámaras de seguridad orinando en los recipientes de cocina.
Ahora bien, si el trabajador puede demostrar que se trata de una represalia por ejercer su derecho a la huelga (artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 28 de la Constitución Española) su despido será declarado nulo, por lo que la empresa estaría obligada a reincorporar al trabajador y además pagarle los salarios de tramitación.