Los uniformes en el trabajo casi siempre son motivo de discusión, sobre todo en lo relacionado hasta qué punto puede la empresa obligar a un trabajador a llevar el uniforme. En este caso, no se trataba del uniforme en sí, sino más bien de un complemento del mismo, pero que solo estaban obligadas a llevar las mujeres, concretamente una diadema.
Una empresa de catering obligaba a sus trabajadores a llevar una diadema, pero 18 camareras se negaron durante el servicio de una boda a ponérselo. ¿El resultado? La empresa las sancionó con 14 días de suspensión de empleo y sueldo. Para la empresa ese complemento era obligatorio y formaba parte del uniforme de las mujeres y que las trabajadoras rechazaran ponérselo fue a su juicio una desobediencia y por eso respondió con sanciones disciplinarias. Aunque después dio marca atrás, esa decisión le ha salido cara, concretamente 25.000 euros de sanción por discriminación, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia.
La empresa impuso una diadema a las camareras para trabajar en varias bodas
Todo comenzó cuando esta empresa de catering decidió modificar la uniformidad que utilizaban sus empleados durante los eventos de gala y por ello en julio de 2022 incorporó unos delantales corporativos para toda la plantilla y un nuevo complemento para sujetar el cabello, una especie de diadema que solo debían llevar las mujeres.
La medida se aplicaba en cuatro masías donde la compañía prestaba servicios de hostelería para celebraciones y bodas y a diferencia de sus compañeros hombres, estos solo debían utilizar el delantal, pero no tenían que llevar ningún otro complemento en la cabeza.
Las camareras comenzaron a utilizar el nuevo accesorio los días 8 y 9 de julio, durante cinco eventos. Hasta ese momento no habían tenido ocasión de verlo ni habían recibido instrucciones sobre cómo debían colocárselo. Fue en las propias masías, 20 minutos antes de comenzar el servicio, cuando recibieron la indicación de ponérselo. Una semana después, el 16 de julio, la dirección volvió a exigir el uso de la diadema durante otros tres eventos, pero en esta ocasión, 18 camareras decidieron no ponérsela, pese a que la empresa insistió en que formaba parte de la uniformidad obligatoria.
La negativa se produjo cuando faltaban pocos minutos para comenzar las celebraciones y ante la posibilidad de que los invitados se quedaran sin atender, el responsable del centro permitió que las trabajadoras prestaran el servicio sin el complemento. Las bodas se celebraron con normalidad, pero la empresa no dejó pasar lo ocurrido.
Así el 18 de julio, dos días después de que las trabajadoras rechazaran la diadema, la empresa les comunicó por escrito que habían cometido una falta grave al considerar que se habían negado a cumplir una orden directa de sus superiores y que habían incumplido las normas de uniformidad. Por estas faltas, se las sancionó con una suspensión de empleo y sueldo de 14 días, desde el 18 hasta el 31 de julio. Todas ellas tenían contratos fijos discontinuos, por lo que no trabajaban necesariamente todos los días de la semana.
Durante ese periodo, ninguna de las afectadas participó en los eventos celebrados por la empresa, con una única excepción. Una de las camareras fue llamada para trabajar el 29 de julio.
La situación llegó al comité de empresa, que se había constituido el 27 de julio y ese mismo día mantuvo su primera reunión con la dirección. Los representantes de los trabajadores pidieron que se retiraran las sanciones y que se eliminara la diadema, al entender que era una exigencia discriminatoria y sexista porque únicamente afectaba al personal femenino.
La empresa rechazó inicialmente ambas peticiones subrayando que las trabajadoras habían desobedecido una instrucción dada por un superior justo antes de comenzar el servicio, una actuación que llegó a calificar como una «rebelión» o «motín». No obstante al día siguiente, el 28 de julio, cuando ya había sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo, comunicó al comité que había reconsiderado las sanciones.
Las suspensiones de empleo y sueldo quedaron sustituidas por amonestaciones escritas y la empresa explicó que había tomado esa decisión para mejorar el ambiente laboral y continuar el diálogo con los representantes de los trabajadores. También anunció que, por el momento, dejaría de exigir la diadema.
En septiembre de 2022, la compañía comunicó a la Inspección de Trabajo que había eliminado definitivamente tanto la diadema como las sanciones impuestas a las empleadas.
La retirada de las sanciones no evitó una multa de 25.000 euros
A pesar de que la empresa había dado marcha atrás, las actuaciones de la Inspección de Trabajo continuaron y el organismo examinó la uniformidad exigida a la plantilla y comprobó que el complemento se había impuesto exclusivamente a las mujeres, sin que existiera una razón objetiva que justificara esa diferencia.
Durante las actuaciones inspectoras también se solicitó a la compañía su plan de igualdad, ya que desde marzo de 2019 la empresa contaba con una plantilla de 290 personas y debería contar con uno, pero no disponía de un plan aprobado y únicamente aportó un borrador o proyecto.
El 16 de enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al considerar que la obligación de utilizar aquella diadema constituía una discriminación directa por razón de sexo. La conducta fue calificada como una infracción muy grave de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La Administración confirmó el 17 de mayo de 2023 una sanción económica de 25.000 euros. Además, impuso a la compañía la exclusión del acceso a ayudas, bonificaciones y otros beneficios de los programas de empleo durante un año.
La empresa no estuvo de acuerdo con la decisión y presentó un recurso administrativo, pero no obtuvo respuesta y acudió Al no obtener a los tribunales para intentar anular la multa, aunque en septiembre de 2023 ya había ingresado los 25.000 euros a la Administración.
El TSJ confirma la multa porque la diadema solo era obligatoria para las mujeres
El primero en pronunciarse fue el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia que desestimó la demanda de la empresa y mantuvo la sanción. La compañía volvió a recurrir, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En su recurso defendió su facultad para establecer las normas de uniformidad de la plantilla y puso en duda la valoración de los hechos realizada por el juzgado. También intentó modificar varios de los hechos probados, pero el tribunal rechazó esos cambios al no apreciar errores que justificaran alterar lo ocurrido.
Así el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia 2528/2026 (STSJ CV 3997/2026) confirmó la multa al considerar acreditado que la empresa impuso un complemento de carácter estético únicamente a las trabajadoras, sin una prenda equivalente para los hombres y sin una justificación objetiva y proporcionada.
Para el tribunal, la diferencia de trato no estaba relacionada con una necesidad del servicio, sino con razones de imagen. Además, el hecho de que las camareras fueran sancionadas por negarse a utilizar la diadema demuestra que no se trataba de una recomendación, sino de una obligación impuesta por la dirección.
Los jueces también rechazan que la ausencia de intención discriminatoria alegada por la empresa cambie la valoración de los hechos. Lo determinante es que se exigió a las mujeres una condición de uniformidad que no se imponía a los hombres y para la que no existía una razón que la justificara. Por tanto, mantiene la multa de 25.000 euros por discriminación, así como la sanción accesoria relacionada con las ayudas y bonificaciones de empleo.