La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que convocará «de inmediato» a la Comisión de Expertos encargada de asesorar al Gobierno sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el objetivo de avanzar en una nueva revalorización para 2026. La medida forma parte de la agenda laboral del Ejecutivo y se enmarca dentro del compromiso de garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Así, Díaz abre otro frente sin aún haber finalizado con éxito su negociación para aprobar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Una reducción que se inició formalmente a finales de 2024 y que está incluido en el pacto de investidura entre el PSOE y Sumar.
Reunión inminente del grupo asesor
Díaz confirmó en una entrevista televisiva su intención de reunir en las próximas semanas a este grupo, que estará compuesto por académicos, representantes de ministerios económicos y sindicatos, pero sin participación de las patronales, que han declinado formar parte de este órgano técnico.
Esta comisión ya fue constituida por primera vez en 2021 con el encargo de establecer un camino hacia un SMI equivalente al 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. En su última convocatoria, para el año 2024, recomendó una subida del 4,4%, que fue finalmente aceptada, elevando el salario mínimo a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Datos económicos como base del debate
Para fijar su recomendación, la comisión usará como base principal la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, en lugar de otras fuentes como los convenios colectivos o la Encuesta de Estructura Salarial, esta última con un desfase de dos años. Entre los criterios a valorar también figuran el Índice de Precios de Consumo (IPC), la productividad media nacional y la evolución de la participación del trabajo en la renta nacional, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores.
El último dato de inflación (IPC) se situó en el 2,7% en agosto, mientras que los acuerdos colectivos con efectos económicos hasta julio indican una subida salarial media del 3,46%. Estos datos alimentan el debate sobre cuánto debería aumentar el SMI en el próximo ejercicio.
Los sindicatos preparan su propuesta para subir el SMI en 2026
Tanto CCOO como UGT ya preparan su propia propuesta de subida del SMI, que defenderán al margen de las conclusiones del grupo de expertos. Aunque ambas organizaciones consideran esencial alcanzar el umbral del 60% del salario medio, muestran cautela ante la posibilidad de aplicar esa cifra de forma automática, pues consideran que limitaría la capacidad de negociación de los agentes sociales.
Los sindicatos también han pedido que se legislen ciertos compromisos asumidos previamente por el Ministerio de Trabajo, como la actualización automática de los convenios afectados por el SMI, la revisión de los criterios de absorción de complementos salariales y la incorporación del 60% del salario medio como referencia oficial en el Estatuto de los Trabajadores.
Además, alertan sobre la situación de las empresas que tienen contratos con la Administración Pública y que no pueden trasladar el aumento de costes laborales al precio pactado en la licitación. Aunque Díaz ha mostrado disposición a abordar esta problemática desde el partido Sumar, su aplicación depende directamente del Ministerio de Hacienda.
Exención fiscal
Uno de los aspectos destacados es la exención del SMI del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que ya se ha aplicado en 2025 gracias a una deducción fiscal. Sin embargo, aún no está garantizado que esta medida se mantenga en 2026. Yolanda Díaz ha defendido esta política afirmando que la justicia fiscal debe empezar «por arriba y no por abajo», aludiendo a las rentas altas como las verdaderas responsables de sostener el sistema tributario.
La jornada de 37,5 horas, aún en el aire
Paralelamente a la revisión del SMI, el Ministerio sigue negociando con los partidos políticos para sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Según Díaz, el principal obstáculo es la negativa del Partido Popular (PP) a participar en las conversaciones. La ministra expresó su deseo de que en septiembre se abra un canal de diálogo también con esta formación, subrayando que se trata de una reforma que impacta a más de 12 millones de personas y afecta directamente a la productividad empresarial.