Perder el trabajo significa la pérdida inmediata de ingresos, aunque no del todo, ya que si se cumplen los requisitos se puede solicitar la prestación por desempleo, es decir, el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece esta ayuda precisamente para que la perdida del empleo no suponga un problema inmediato en la economía del trabajador.
Uno de los requisitos principales es estar en situación legal de desempleo, es decir, que la perdida del empleo no sea por voluntad del trabajador, por eso mismo, una baja voluntaria impide cobrar prestaciones.
Sin embargo, desde el SEPE alertan de la práctica que muchos trabajadores para salir de la empresa con derecho a paro y que es ilegal. No se trata de pactar un despido disciplinario con la empresa, lo que se conoce como arreglar los papeles para el paro, sino más bien que el trabajador provoque su despido.
Este fue el caso planteado en el programa radiofónico ‘Madrid Trabaja’ donde María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, aclaró que aunque el despido disciplinario sí genera derecho a cobrar paro, si se detecta que este fue forzado por el trabajador, podría perder el derecho a cobrar prestaciones.
¿Cuándo se puede perder el derecho al paro?
Gómez advirtió que si se detecta que el despido disciplinario ha sido provocado de manera intencionada por el propio trabajador para acceder a las prestaciones, se consideraría un fraude de ley. En este contexto, aunque inicialmente se pueda conceder y abonar la ayuda, el SEPE puede reclamarla posteriormente si se confirma la existencia de fraude.
Por ejemplo, una de las formas de forzar un despido disciplinario sería acumular ausencias injustificadas en el trabajo con el fin de que la empresa cese al trabajador. En estos casos, la Inspección de Trabajo puede intervenir, investigar la situación y alertar al SEPE, lo que desencadenaría el proceso de recuperación de las prestaciones abonadas.
¿Qué implica el “fraude de ley” según el SEPE?
El “fraude de ley” al que se refiere el SEPE se produce cuando un trabajador intenta manipular las condiciones para simular un despido real y, así, generar el derecho a cobrar el paro. Aunque este despido formalmente puede parecer disciplinario, el hecho de haber sido planificado con esa intención anula su validez a efectos de prestaciones.
Gómez explicó que, en estos casos, el SEPE puede haber aprobado inicialmente la ayuda, pero una vez que la Inspección de Trabajo verifica el fraude, se inicia un procedimiento de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
Un ejemplo claro de un despido forzado es el analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2024, en el que un informe de la Inspección de Trabajo destapó que había faltado la trabajadora con el objetivo de forzar su despido disciplinario y poder cobrar el paro. Al final fue condenada a devolver los más de 4.000 euros que había cobrado.