Una ayuda directa de 300 euros para trabajadores con menores ingresos y una posible revisión del Salario Mínimo este mismo año. Esa ha sido la principal propuesta que UGT y CCOO han llevado al Gobierno en plena revisión de las medidas anticrisis activadas por el impacto económico del conflicto en Irán.
La petición llega en un momento en el que los sindicatos consideran que una parte importante de los trabajadores está empezando a perder capacidad de compra por el aumento de precios, especialmente en vivienda y productos básicos.
Según ha informado en un comunicado, el encuentro reunió al Ejecutivo con agentes sociales para decidir qué medidas seguirán vigentes después del 30 de junio, fecha en la que finaliza el actual paquete extraordinario.
La ayuda de 300 euros que ponen sobre la mesa
La medida más visible de la propuesta sindical pasa por una ayuda de 300 euros dirigida a personas con ingresos inferiores al salario medio del país.
Según plantean UGT y CCOO, el apoyo económico podría llegar mediante una transferencia directa o a través de una deducción en el IRPF. Para los sindicatos la mejora de algunos indicadores económicos no está llegando con la misma intensidad al bolsillo de los trabajadores.
Por eso defienden mantener aquellas medidas que, a su juicio, han servido para contener el impacto del aumento del coste energético y del encarecimiento del consumo diario.
El SMI entra de nuevo en el debate
Los sindicatos también han reclamado abrir el debate sobre una revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante este mismo año. El motivo es que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1%, mientras que el último dato conocido de inflación se sitúa ya en el 3,2%. Para UGT y CCOO, esta diferencia supone que quienes cobran el salario mínimo comiencen a perder poder adquisitivo.
La petición se apoya además en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla una revisión semestral cuando las previsiones sobre precios no se cumplen.
La vivienda aparece como otro de los grandes problemas
Más allá del salario, los sindicatos aprovecharon la reunión para poner el foco en otro problema que empieza a tener consecuencias directas sobre el empleo: la vivienda.
Según trasladaron, en algunos territorios con fuerte presión turística ya están apareciendo dificultades para cubrir vacantes porque parte de los trabajadores rechaza trasladarse ante el coste del alquiler o la falta de oferta disponible.
El problema conecta con una realidad cada vez más presente entre quienes tienen empleo. El acceso a una vivienda asequible está empezando a marcar más el nivel de vulnerabilidad económica que el propio salario, especialmente cuando una parte importante de la nómina termina destinada al alquiler.
En este contexto, UGT y CCOO plantean medidas extraordinarias para las zonas más tensionadas y defienden fórmulas como la limitación del precio del alquiler y la congelación de determinadas actualizaciones de renta.
Los sindicatos consideran que el problema ya no afecta solo al acceso a la vivienda, sino que empieza a condicionar decisiones laborales y de movilidad.