El sindicato UGT ha decidido plantar cara a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide elevar las indemnizaciones por despido improcedente más allá del límite legal actual. Ante esta situación, su secretario general, Pepe Álvarez, ha anunciado que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional, buscando revertir lo que considera una resolución “sin sentido jurídico”.
Un paso más en la batalla sindical
Durante el arranque del curso político, Pepe Álvarez ha explicado que el recurso se interpondrá conjuntamente con la persona afectada por la sentencia del Supremo. Además, ha confirmado que ya están trabajando con el abogado responsable del caso. También ha anticipado que CCOO, liderado por Unai Sordo, se sumará a la acción judicial, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con esta causa.
Álvarez ha mostrado su firme desacuerdo con el fallo del Tribunal Supremo, al que acusa de incumplir convenios internacionales ratificados por España, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Carta Social Europea. En concreto, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ya ha resuelto en dos ocasiones que la actual fórmula de indemnización española no es adecuada para reparar de forma efectiva el daño causado por un despido improcedente.
El Constitucional tiene la última palabra
UGT confía en que el Tribunal Constitucional reconozca esta deficiencia y corrija el criterio adoptado por el Supremo, permitiendo que los jueces puedan volver a conceder indemnizaciones superiores al actual máximo legal de 33 días por año trabajado en los despidos improcedentes.
Según Álvarez, el Supremo ha sobrepasado sus competencias y se ha limitado a una interpretación “literalmente inconcreta” de los textos internacionales. El Alto Tribunal considera que las referencias a una “indemnización adecuada” en el Convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea son de carácter programático y requieren una acción legislativa, sin valor directamente aplicable. Además, el Supremo recuerda que las decisiones del CEDS no son vinculantes como las de otros órganos judiciales internacionales.
No obstante, UGT sostiene que España debe adecuar su legislación a los compromisos asumidos internacionalmente. Por ello, también solicitarán al Gobierno que reabra una mesa de diálogo social para abordar una reforma legislativa que refuerce la protección frente al despido improcedente.
Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo, a favor de la reforma
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ya han manifestado su intención de reformar el despido a pesar del revés judicial. Según Pérez Rey, se busca una “propuesta sólida” que permita abrir una negociación efectiva. No obstante, ha advertido que se trata de una cuestión “de enorme complejidad”.