CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) han unido fuerzas para solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, que permita el acceso a la jubilación anticipada para más de 125.000 funcionarios con discapacidad en España.
Esta petición se fundamenta en la necesidad de equiparar los derechos de los empleados públicos con discapacidad que se encuentran bajo el régimen de Clases Pasivas con aquellos que pertenecen al Régimen General, quienes actualmente tienen acceso a este beneficio.
Desigualdad en el acceso a la jubilación anticipada
Para ambos sindicatos, este trato a los funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social supone “un trato discriminatorio”.
Tal y como indican, la pertenencia de una persona a un régimen u otro no es motivo suficiente para que se produzca una gestión desigual por parte de los poderes públicos, permitiendo que los funcionarios que cotizan al Régimen General si puedan acceder a la jubilación anticipada, mientras que los de las clases pasivas no.
La propuesta de CSIF y CERMI
Los sindicados proponen al Ministerio de la Seguridad Social la aplicación de la recomendación 18 del ‘Informe de evaluación y reforma‘ del Pacto de Toledo de 2020. Esta recomendación hace hincapié en la necesidad de incrementar la protección de las personas con discapacidad y sus familias, incluyendo la posibilidad de anticipar la jubilación para aquellos trabajadores con discapacidad cuya esperanza de vida se vea reducida.
Derechos adicionales para garantizar la plena inclusión
Además de la ampliación del acceso a la jubilación anticipada, CSIF y CERMI proponen garantizar otros derechos fundamentales para las personas con discapacidad que pertenecen al régimen de Clases Pasivas. Entre estos derechos se encuentra el acceso a la prestación farmacéutica de medicamentos gratuitos, actualmente reservada para menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33% cuyos padres cotizan al Régimen General. Esta medida busca eliminar cualquier forma de discriminación y asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y social.